Crisis empresarial en México: el crimen organizado amenaza la economía nacional

Crisis empresarial en México: el crimen organizado amenaza la economía nacional

La inseguridad en México afecta a empresarios, aumentando extorsiones y violencia, lo que pone en riesgo la economía y la vida cotidiana.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro

La situación de los empresarios en México se ha convertido en un tema de creciente preocupación, ya que el avance del crimen organizado amenaza no solo a las grandes corporaciones, sino también a los pequeños y medianos negocios que son la columna vertebral de la economía nacional. Las extorsiones, los robos y la violencia han alcanzado niveles alarmantes, obligando a muchos emprendedores a operar bajo una constante sensación de miedo y vulnerabilidad. En este contexto, la vida empresarial se asemeja a un juego de supervivencia, donde las decisiones a menudo se toman con un revólver a la sien. El auge del narcotráfico en el país, que comenzó con grandes carteles en la década de los 80, ha evolucionado hacia una fragmentación de bandas criminales que actúan a nivel local, afectando a todo tipo de negocios. Desde restaurantes hasta tiendas de abarrotes, la amenaza está presente en cada rincón del sector productivo. La reciente ola de asesinatos de líderes empresariales en el norte de México ha encendido las alarmas, destacando el clima de intimidación que se vive en el ámbito empresarial. Minerva Pérez Castro y Julio César Almanza Armas son solo algunos de los nombres que se han sumado a una larga lista de víctimas de la violencia que se ha apoderado del país. El caso de Femsa, que decidió cerrar sus operaciones en Nuevo Laredo debido a la inseguridad, ilustra la difícil decisión que enfrentan muchas empresas. El cierre de más de 190 sucursales de Oxxo no solo afecta a la compañía, sino que repercute directamente en la vida de miles de ciudadanos que dependen de estos establecimientos para realizar sus compras y pagos diarios. La promesa de mayor presencia policial y medidas de seguridad, aunque bien intencionadas, no siempre son suficientes para restaurar la confianza en un entorno tan hostil. Una encuesta reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) revela que más del 50% de las empresas encuestadas han sido víctimas de asaltos o robos con violencia, mientras que un 45% ha experimentado extorsiones virtuales. La cadena de suministro, por su parte, también se ve afectada, con un 49% de las compañías reportando ataques que van desde la coerción para comprar insumos a bandas criminales hasta el tráfico forzado de mercancía. La situación plantea serios interrogantes sobre la viabilidad de hacer negocios en un país donde la delincuencia se ha infiltrado en casi todos los niveles. A pesar de estos desafíos, México continúa siendo un atractivo destino para la inversión extranjera. El país ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, gracias en gran parte a la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). Sin embargo, las empresas transnacionales parecen tener más recursos para adaptarse a la violencia y las amenazas, en comparación con las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 72% del empleo nacional. Este desbalance en la capacidad de respuesta ante la inseguridad podría tener repercusiones negativas en el futuro de la economía mexicana. Carlos López Portillo, director de una consultora en seguridad, enfatiza la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones. Esta impunidad, unida a una cultura de silencio provocada por el miedo, impide que muchos empresarios se atrevan a denunciar la violencia que enfrentan. La situación se ha vuelto insostenible, y el costo de implementar medidas de seguridad se traduce en una carga adicional para aquellos que ya luchan por mantenerse a flote en un mercado cada vez más complicado. El impacto de la violencia no se limita al ámbito empresarial, sino que también afecta a los consumidores. Los precios de productos básicos han aumentado significativamente, y expertos señalan que las extorsiones a agricultores y distribuidores son responsables de una parte importante de estos incrementos. En un país donde la población ya enfrenta desafíos económicos, la presión de los criminales solo agrava la situación y limita el acceso a bienes y servicios esenciales. A medida que la inseguridad continúa en aumento, el temor parece haberse convertido en una constante en la vida cotidiana de muchos mexicanos. Los ciudadanos, los pequeños empresarios y los trabajadores se ven atrapados entre la violencia del crimen organizado y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno. La sensación de impotencia es palpable, y muchos se resignan a vivir en un ambiente donde el miedo se ha convertido en parte de la rutina. El panorama actual plantea un desafío crítico para el futuro de México. La necesidad de una estrategia de seguridad integral que aborde no solo la violencia, sino también las causas subyacentes de la delincuencia, es más urgente que nunca. Sin un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y empresarios, el país podría enfrentar un estancamiento en su crecimiento económico y una mayor migración de recursos y talentos hacia entornos más seguros. Los días de plomo que viven muchos en el sector empresarial son un reflejo de una crisis más profunda que afecta a toda la sociedad mexicana. En un país donde el miedo y la impunidad se han normalizado, la recuperación y el crecimiento sostenible dependen de la voluntad colectiva para enfrentar estos desafíos. Es hora de que tanto el gobierno como el sector privado unan fuerzas y trabajen juntos para crear un entorno en el que la seguridad no sea un lujo, sino un derecho garantizado para todos.

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