Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente propuesta de establecer una Zona Económica Especial (ZEE) en Chancay ha desatado un intenso debate en el país. Con la inminente inauguración del megapuerto de Chancay, se plantea la posibilidad de exonerar el Impuesto a la Renta (IR) en esta zona, lo que ha llevado a interrogantes sobre si se trata de un incentivo necesario para atraer inversiones o, por el contrario, un regalo tributario que podría comprometer las finanzas del país. Los gremios empresariales han propuesto que la tasa de IR comience en un 0%, con incrementos graduales a partir del quinto año. Sin embargo, el Gobierno aún no ha tomado una decisión firme al respecto, aunque internamente existe un respaldo considerable hacia una posible exoneración total. Este escenario ha llevado a que voces de exministros de Economía y representantes de asociaciones industriales se pronuncien sobre los posibles efectos que esta medida podría acarrear. Carlos Oliva, exministro de Economía, ha manifestado que la idea de que las empresas no llegarán a Perú si el IR no se establece en 0% es “falaz”. Según él, las empresas estarán interesadas en el puerto de Chancay y en la ZEE por las oportunidades que estas ofrecen, independientemente de la carga tributaria. Oliva argumenta que la exoneración del impuesto no tiene sentido, ya que, si las empresas no pagan impuestos en Perú, lo harán en sus países de origen. Por lo tanto, la propuesta no sólo puede ser contraproducente, sino que también podría favorecer la competencia desleal con las empresas locales. Antonio Castillo, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ha defendido la propuesta de un IR inicial del 0%, señalando que muchas ZEE en el mundo, incluso en países desarrollados, han optado por esta estrategia para atraer inversiones. Castillo menciona que, si Perú no se adapta a estos estándares, podría perder su competitividad frente a naciones como Chile y Ecuador, que ya están implementando políticas fiscales más atractivas para inversores internacionales. Luis Miguel Castilla, otro exministro de Economía, ha advertido sobre los riesgos de una posible exoneración. Según él, no es suficiente contar con incentivos tributarios para atraer inversiones; es crucial mejorar las condiciones generales del país, como el transporte y la seguridad. Castilla también ha advertido sobre el estado de las cuentas fiscales, alertando que una disminución de ingresos por la exoneración del IR podría agravar la situación económica del país. Desde la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez ha resaltado la necesidad de crear condiciones atractivas para la inversión. Pérez sugiere un enfoque gradual, comenzando con un 0% y aumentando a cifras más cercanas a la media internacional en un plazo razonable. A su juicio, lo que realmente generará empleos será el desarrollo de actividades alrededor del puerto, no el megapuerto en sí mismo. El debate sobre la exoneración del IR en la ZEE de Chancay refleja una tensión entre las necesidades de desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal del país. Si bien es innegable que la atracción de inversiones es fundamental para el crecimiento económico, también es crucial considerar las implicaciones a largo plazo de políticas fiscales que podrían poner en riesgo los recursos del Estado. Los detractores de la propuesta advierten que permitir una exoneración total podría sentar un precedente peligroso, donde otros sectores también demanden reducciones fiscales. Esta situación podría erosionar la base tributaria del país y limitar la capacidad del Gobierno para financiar servicios públicos esenciales y programas sociales. La implementación de esta ZEE no solo tendrá un impacto inmediato en el sector empresarial, sino que también puede influir en la percepción del país en el escenario internacional. Si las condiciones tributarias se perciben como desfavorables o injustas, podría afectar la imagen de Perú como un destino atractivo para la inversión extranjera. A medida que el Congreso del Perú se enfrenta a este dilema, la necesidad de un análisis profundo y un debate informado se vuelve más apremiante. Las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán repercusiones significativas en la economía nacional y en la capacidad del país para competir en un entorno global cada vez más desafiante. La conversación no solo debe girar en torno a los beneficios inmediatos de las inversiones, sino a la construcción de un futuro sostenible que beneficie a todos los peruanos.