La minería ilegal en Perú podría generar US$ 4,000 millones en 2024

La minería ilegal en Perú representa un desafío crítico para la economía nacional y la gobernanza del país, con estimaciones alarmantes que sugieren que podría generar hasta US$ 4,000 millones en exportaciones ilícitas durante el año 2024. Este fenómeno se ha visto impulsado por el aumento significativo en el precio del oro, que ha superado la barrera de los US$ 2,500 por onza, lo que lo convierte en un recurso cada vez más atractivo para aquellos que operan fuera de la ley.

El economista Elmer Cuba, de Macroconsult, ha señalado que este aumento en el valor del oro ha permitido que el mercado de la minería ilegal crezca exponencialmente. Tradicionalmente, este mercado movía alrededor de US$ 2,000 millones, pero las condiciones actuales sugieren que podría alcanzar cifras sin precedentes. La falta de capacidad del Estado para abordar la expansión de esta actividad ilícita complica aún más la situación.

Cuba ha destacado que la minería ilegal no solo alimenta un mercado negro, sino que también priva al Estado de importantes ingresos fiscales. Mientras que las empresas mineras legalmente establecidas contribuyen con aproximadamente el 40% de sus utilidades al Estado en concepto de regalías e impuestos, los mineros ilegales no aportan nada, lo que se traduce en una pérdida significativa de recursos que debería beneficiar a la nación.

El oro, por su naturaleza, es un mineral que se presta para el contrabando y su comercialización en el mercado negro. La facilidad con la que se puede vender a diferentes compradores ha llevado a muchos a optar por la vía ilegal, multiplicando el impacto negativo en la economía formal y en la regulación estatal. Este escenario pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a una actividad que, aunque ilícita, se ha convertido en un pilar para muchas economías locales.

Además de las pérdidas económicas, la minería ilegal también plantea serios riesgos ambientales. Las prácticas que se llevan a cabo en estas operaciones suelen ser altamente destructivas, afectando la biodiversidad y los ecosistemas en zonas que han sido tradicionalmente ricas en recursos naturales. La falta de regulación y supervisión permite que estas actividades continúen sin restricciones, exacerbando aún más la crisis ambiental en el país.

Para combatir la minería ilegal, Cuba sugiere que es más efectivo utilizar unidades de inteligencia financiera y el Poder Judicial en lugar de centrarse únicamente en la destrucción de maquinaria y centros de operación. Este enfoque, que prioriza la inteligencia sobre la acción directa, podría resultar menos riesgoso y más eficaz en la lucha contra las grandes mafias que operan en este sector.

Sin embargo, esta estrategia enfrenta un obstáculo importante: la atención de las autoridades judiciales y fiscales. Actualmente, muchos fiscales se encuentran dedicados a investigar casos de corrupción política, dejando de lado la problemática de la minería ilegal. Esta falta de priorización en el combate a las mafias mineras revela una clara disonancia en las prioridades del Estado.

El crecimiento de la minería ilegal también tiene repercusiones sociales. Muchas comunidades, atraídas por las promesas de trabajo y prosperidad, se ven atrapadas en un ciclo de dependencia de la economía informal, que a menudo resulta en condiciones laborales precarias y peligrosas. La falta de alternativas viables para el desarrollo económico local alimenta este ciclo, perpetuando la actividad ilícita.

Es fundamental que el Estado peruano tome medidas enérgicas y efectivas para abordar esta crisis. Esto no solo implica fortalecer las instituciones encargadas de regular y supervisar la minería, sino también proporcionar alternativas económicas sostenibles para las comunidades que dependen de la minería ilegal. La creación de empleos formales y la promoción de prácticas mineras responsables son pasos clave para erradicar esta problemática.

Finalmente, el futuro de la minería en Perú dependerá de la capacidad del Estado para recuperar el control sobre sus recursos y garantizar que se beneficien a todos los ciudadanos. En un país donde el oro ha sido considerado un símbolo de riqueza, es imperativo que se establezcan mecanismos que permitan que tanto la economía formal como la ambiental se fortalezcan, asegurando que los verdaderos beneficiarios sean siempre las comunidades y el Estado.