Guillermo Shinno: “La minería ilegal mueve US$3,000 millones al año”

La minería ilegal en el Perú se ha convertido en un problema de gran magnitud, moviendo alrededor de 3,000 millones de dólares al año, según lo señalado por Guillermo Shinno, representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Este lucrativo negocio, principalmente centrado en la extracción de oro, ha atraído a miles de personas que se dedican a esta actividad de manera ilegal, poniendo en riesgo no solo el medioambiente, sino también la vida de quienes participan en ella.

El atractivo principal de la minería ilegal radica en la alta rentabilidad que ofrece el oro en el mercado, con una onza valorada en aproximadamente 2,000 dólares. Este hecho ha llevado a la proliferación de bandas criminales que, sin ningún tipo de regulación ni control, explotan los recursos naturales de manera indiscriminada en busca de beneficios rápidos y fáciles.

Sin embargo, los impactos negativos de esta actividad ilegal son significativos. El medioambiente sufre graves consecuencias debido a la falta de cuidado y protección de la flora y fauna en las zonas de extracción. Además, se generan actividades conexas ilícitas, como la trata de personas y el trabajo infantil, que perpetúan un círculo de explotación y vulnerabilidad.

Ante esta problemática, surge la interrogante de por qué no se han implementado procesos para formalizar a los mineros ilegales. Según Shinno, muchos de estos mineros no muestran interés en regularizarse debido a que al evadir impuestos sus ganancias son mucho mayores. Por otro lado, las trabas burocráticas y los altos costos de los trámites de formalización dificultan el proceso para aquellos que desean cumplir con la legalidad.

En cuanto a la fiscalización y regulación de esta actividad, es responsabilidad de los gobiernos regionales velar por el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, la falta de recursos y la ausencia de una presencia activa por parte de las autoridades contribuyen a la proliferación de la minería ilegal, dejando en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas eficaces para combatir este problema.

En este contexto, resulta fundamental abordar de manera integral la problemática de la minería ilegal, promoviendo la formalización de los mineros, fortaleciendo la fiscalización y regulación por parte de las autoridades competentes, y concientizando sobre los impactos negativos que esta actividad conlleva. Solo a través de un enfoque colaborativo entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado será posible combatir eficazmente la minería ilegal y proteger nuestros recursos naturales para las futuras generaciones.