Comisión del Congreso de Perú amplía seis meses la vigencia de polémica licencia de minería a pequeña escala

La reciente decisión del Pleno del Congreso de Perú de extender la vigencia del Registro Integral para la Formalización de la pequeña minería y minería artesanal (Reinfo) ha generado un amplio debate en el país. Esta medida, que permite a los productores dedicarse a la minería a pequeña escala sin ser considerados delincuentes, fue aprobada con 87 votos a favor, 19 en contra y 12 abstenciones. La extensión se dará desde el 31 de diciembre de este año hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de ser prorrogada por otros seis meses si así lo determina el Poder Ejecutivo.

La aprobación de esta extensión fue impulsada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, reflejando la presión ejercida por cientos de trabajadores de pequeñas empresas mineras que han estado acampando en los alrededores del Congreso durante más de diez días, demandando la formalización de su actividad. Esta situación ha sido acompañada por bloqueos en diversas carreteras del sur del país, lo que ha generado tensiones y conflictos en las regiones afectadas.

El Reinfo ha sido una herramienta clave para los mineros artesanales, quienes son definidos por la legislación peruana como aquellos que extraen minerales de manera manual, utilizando equipos básicos y en terrenos de menos de 1.000 hectáreas. Desde 2012, la minería ilegal es considerada un delito en Perú, lo que ha llevado a muchos a buscar su formalización a través de este registro.

Sin embargo, la aprobación de esta medida no ha estado exenta de críticas. Los detractores argumentan que la extensión del Reinfo podría perpetuar la informalidad en el sector minero y que la falta de regulación adecuada podría traer consigo problemas ambientales y sociales. La minería artesanal, aunque necesaria para muchas familias que dependen de ella, puede tener impactos negativos si no se lleva a cabo de manera sostenible.

Asimismo, la oposición en el Congreso ha expresado su preocupación respecto a las implicaciones de esta extensión en la lucha contra la minería ilegal. Algunos legisladores consideran que permitir más tiempo para la formalización podría dar lugar a un aumento en la actividad minera no regulada, generando un ciclo vicioso de ilegalidad que resulta difícil de erradicar.

A pesar de estas preocupaciones, los trabajadores del sector ven en esta extensión una oportunidad para regularizar su actividad y obtener los beneficios que conlleva la formalización, como acceso a financiamiento y mejores condiciones laborales. Para muchos de ellos, la minería es la única fuente de ingresos disponible, lo que hace que la formalización sea un tema de vital importancia.

La situación en el sur del país se ha vuelto crítica, con protestas y bloqueos que han afectado la movilidad y el comercio en diversas localidades. La presión social ha llevado a los legisladores a tomar medidas que, aunque controvertidas, buscan atender las demandas de una población que se siente desprotegida y abandonada.

Finalmente, la bola está en el tejado del Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la ley o si la deja en manos del Congreso, que podría publicarla sin su respaldo. La tensión entre el deseo de formalización de los mineros y las preocupaciones sobre la regulación y el medio ambiente plantea un desafío importante para el gobierno peruano en su búsqueda por encontrar un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad. La próxima decisión del Ejecutivo será crucial para el futuro de muchas familias que dependen de la minería a pequeña escala en Perú.