Comunidades indígenas de la Amazonía exigen suspender formalización minera urgente

Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana han alzado su voz en un clamor urgente y unánime, exigiendo la suspensión inmediata de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta demanda surge de la frustración acumulada durante más de dos décadas, durante las cuales el sistema de formalización minera se ha mostrado ineficaz en su propósito de regular y controlar la explotación minera en la región. En lugar de eso, según los líderes comunitarios, ha facilitado la incursión de la minería ilegal, exacerbando la crisis ambiental y social que ya enfrentan.

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), enfatizó en declaraciones a La República que el Reinfo está diseñado de tal manera que abre las puertas a la minería ilegal. “Las actividades mineras inevitablemente van a contaminar por el uso del mercurio. El Estado lo que está haciendo aquí es abrir las puertas, a través del Reinfo, para que toda la actividad del territorio indígena sea de minería ilegal, en lugar de proponer actividades alternativas a la minería”, expresó con preocupación.

En un reciente encuentro entre Aidesep y Autonomías Territoriales, se reveló que, hasta la fecha, hay 11,023 inscripciones en proceso de formalización minera en las regiones amazónicas, siendo Madre de Dios la región más afectada. En este punto, alrededor del 84% de los mineros que intentan incorporarse al Reinfo provienen de esa región. Sin embargo, la ineficacia del sistema se evidencia en el hecho de que ocho de cada diez inscritos se encuentran suspendidos por no cumplir con la normativa. Más alarmante aún, el incumplimiento de cuatro de los cinco requisitos necesarios para formalizarse supera el 97% en varios casos.

La situación se agrava con el hecho de que más de 84,529 mineros informales operan en la Amazonía peruana, y de estos, 64,255 han sido suspendidos del proceso de formalización. Esta realidad ha dejado a las comunidades locales vulnerables frente a la devastación ambiental que provoca la minería ilegal, que ya ha afectado más de dos millones de hectáreas y ha provocado la deforestación de 115,000 hectáreas de bosques.

En medio de estas problemáticas, Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sugirió en una entrevista que se espera la eliminación del Reinfo a través de la nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería, conocida como “Ley Mape”. Sin embargo, expertos como Gaby Rivadeneyra Tello, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), cuestionan la falta de claridad sobre cómo se llevará a cabo este traspaso de información y si los plazos establecidos serán suficientes.

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, también critica esta inacción gubernamental, destacando la precaria situación del actual Gobierno. “Es un ejemplo de lo que es este Gobierno, precario, débil, sin voluntad política. Está claro que en el Congreso hay una bancada multipartidaria de personajes vinculados a este tipo de actividad”, afirmó, resaltando la falta de respuesta efectiva ante las demandas de las comunidades.

Entre las solicitudes de las comunidades amazónicas se encuentra la demanda de trazabilidad del oro, una medida que busca identificar la procedencia del mineral y su relación con la minería ilegal. Pérez Rubio destacó la necesidad de llevar este mensaje a las embajadas de los países que más compran oro, como Suiza, Estados Unidos, India y Arabia, para mostrarles que el metal precioso que adquieren está ligado a la violencia y la muerte de los pueblos indígenas.

“Minería es sinónimo de depredación, es desborde de los ríos, es contaminación de la cadena alimenticia, es generar conflicto social. Por eso, nosotros pedimos cero minería, ni formal, ni informal”, concluyó Pérez Rubio, reflejando el sentir de las comunidades que ven en la minería una amenaza directa a su forma de vida y al equilibrio de su entorno.

Una mirada hacia el futuro revela que, a pesar de los desafíos, existen alternativas viables que pueden ser exploradas, como el ecoturismo y la agricultura sostenible, que no solo preservan el medio ambiente, sino que también ofrecen oportunidades económicas a las comunidades. La lucha por la Amazonía peruana es, por tanto, un llamado a la acción y a la reflexión sobre las políticas de desarrollo que prioricen la preservación del ecosistema y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.