Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El anuncio del Gobierno español sobre el Plan de acción sobre materias primas minerales 2025-2029 marca un hito en la historia minera del país. Este plan tiene como objetivo lograr la "autonomía estratégica" en minerales esenciales que son fundamentales para la economía moderna, incluyendo las tierras raras, el cobre, el cobalto, el litio y el níquel. Sin embargo, la ejecución de este ambicioso proyecto se enfrenta a un gran desafío: la reordenación del sector minero debe comenzar en el propio Gobierno. Actualmente, el Estado español se ha convertido en el principal minero del país, con la empresa pública Hunosa controlando más de la mitad de las licencias de explotación minera vigentes. Esta situación plantea una paradoja, ya que la reestructuración del sector depende de una administración que, irónicamente, es la principal propietaria de estos permisos. Hunosa, que fue creada en 1967, ha evolucionado de ser una empresa dedicada a la explotación de carbón en Asturias a convertirse en un proveedor de ingeniería y consultoría. Según una investigación realizada por EXPANSIÓN, España ha otorgado desde 1891 un total de 22.388 licencias para la exploración de minerales y otros recursos geológicos. De estas, apenas 2.490 están actualmente vigentes y en posesión de 381 empresas, que incluyen tanto grandes grupos nacionales como extranjeros. Entre ellos, destacan nombres como Solvay y Atalaya Mining, que operan en diferentes regiones del país, mientras que Hunosa controla 1.407 permisos, lo que representa más del 50% del total. La concentración de licencias en manos de Hunosa provoca interrogantes sobre cómo se gestionará el futuro del sector minero en España. A pesar de que la empresa ha evolucionado hacia modelos más sostenibles, el hecho de que su principal actividad sea la extracción de carbón pone en tela de juicio su capacidad para diversificarse y adaptarse a las necesidades de la economía del siglo XXI. La riqueza mineral de Asturias, que incluye recursos críticos como barita, fluorita, espato y otros metales valiosos, podría ofrecer una oportunidad para un cambio de enfoque. Sin embargo, la historia de la minería en España está marcada por la complejidad de los permisos y licencias, cuya duración puede extenderse hasta más de 90 años en algunos casos. Esto significa que muchas de las licencias actuales podrían estar vigentes mucho tiempo después de que se implementen las reformas necesarias para fomentar una minería más responsable y sostenible. La necesidad de una revisión integral de estas licencias es urgente si el Gobierno desea que el Plan de acción tenga éxito. A medida que se avanza en la formulación del Plan, es crucial que el Gobierno no solo se enfoque en la obtención de más licencias, sino que también considere la importancia de la sostenibilidad ambiental y el impacto social de la minería. La minería debe ser concebida no solo como una actividad económica, sino como una oportunidad para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades locales. Por otro lado, se hace evidente que la competencia internacional en la extracción de minerales es feroz. España no puede permitirse quedar rezagada en la carrera por asegurar recursos esenciales. Las grandes potencias están desarrollando sus capacidades mineras para garantizar su propio suministro de materias primas, y España debe estar a la altura. Esto implica no solo facilitar la obtención de licencias, sino también diversificar las fuentes de inversión y fomentar la investigación y la innovación en el sector. El futuro del sector minero español se presenta como un desafío, pero también como una oportunidad para reconfigurar la economía del país hacia un modelo más autónomo y sostenible. El éxito del Plan de acción sobre materias primas minerales dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para implementar reformas que transformen el sector, así como de la voluntad de las empresas, tanto públicas como privadas, para adaptarse a un nuevo paradigma. En resumen, el camino hacia la autonomía estratégica en minerales esenciales está lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. La reordenación del sector debe ser un esfuerzo conjunto que involucre al Gobierno, a las empresas mineras y a la sociedad en su conjunto. Solo así España podrá posicionarse como un actor clave en el mercado global de minerales, garantizando su desarrollo económico y su sostenibilidad ambiental en el proceso.