Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 28.02.2025
La Comisión Europea ha presentado un ambicioso paquete Ómnibus que busca simplificar la regulación de sostenibilidad en el continente, un movimiento que podría cambiar radicalmente el panorama para muchas empresas. Este paquete se enmarca dentro del Green Industrial Deal y busca eliminar la burocracia que, hasta ahora, ha sido un obstáculo para la competitividad de las empresas europeas. Según la Comisión, el 80% de las empresas que anteriormente estaban obligadas a elaborar informes de sostenibilidad ya no tendrán esta obligación, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las obligaciones de sostenibilidad en la región.
Una de las principales modificaciones del paquete es que la obligación de reportar se limitará exclusivamente a las grandes empresas, aquellas que cuentan con más de 1.000 empleados y que cumplen con ciertos criterios financieros. Esta decisión ha sido recibida con críticas y elogios, ya que permite a las pequeñas y medianas empresas (pymes) reducir su carga administrativa, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito empresarial.
Germán Granda, director general de Forética, subraya que este cambio ofrece a las empresas la oportunidad de liderar en sostenibilidad a través de la transparencia y la innovación. Sin embargo, también advierte que esta simplificación no debe convertirse en una excusa para relajar las exigencias de sostenibilidad. La transformación sostenible en Europa debe ser un eje estratégico en la economía, y las empresas no pueden permitirse caer en un discurso vacío de compromiso ambiental.
El paquete Ómnibus también introduce modificaciones en la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y en la Directiva de Debida Diligencia (CSDDD). En particular, se han revisado los estándares de información que las empresas deben revelar sobre su desempeño e impactos en materia ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). A partir de 2026 o 2027, las empresas afectadas tendrán que cumplir con estos nuevos requisitos, que incluyen una revisión y un aplazamiento en los plazos de entrega de información.
Uno de los cambios más significativos es la limitación en el alcance de la cadena de valor. Anteriormente, las empresas estaban obligadas a considerar toda su cadena de suministro, incluyendo subcontratistas indirectos, pero ahora solo deberán centrarse en sus proveedores directos, lo que reduce la carga de diligencia debida que tienen que llevar a cabo. Este cambio ha generado un debate sobre la responsabilidad que las empresas deben asumir hacia los impactos ambientales y sociales generados por sus proveedores.
Además, el paquete Ómnibus modifica cómo se gestionan las relaciones comerciales. Las empresas ahora tienen la posibilidad de terminar relaciones comerciales solo como último recurso, lo que puede limitar el marco de acción en casos de incumplimiento. Esto plantea desafíos sobre cómo se gestionarán las responsabilidades y las expectativas en la cadena de suministro.
El nuevo marco también aborda las sanciones por incumplimiento, que ya no estarán vinculadas a un porcentaje del volumen de negocios. En su lugar, se permitirá a cada estado miembro establecer sus propias sanciones, lo que podría generar disparidades en la aplicación de la ley y la rendición de cuentas entre distintos países de la UE. La falta de un índice máximo podría llevar a un enfoque más laxo en algunos lugares.
En un contexto más amplio, el paquete refleja la necesidad de Europa de adaptarse a un entorno de competencia creciente con socios como Estados Unidos y China, quienes están tomando decisiones estratégicas divergentes en cuanto a sostenibilidad y cambio climático. En este sentido, la Unión Europea se enfrenta al desafío de mantener un liderazgo en sostenibilidad sin sacrificar la competitividad de sus empresas.
El proceso legislativo de este paquete Ómnibus aún debe ser debatido y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, lo que significa que las empresas deben prepararse para un futuro en el que la sostenibilidad seguirá siendo un eje crucial, aunque con un enfoque posiblemente menos riguroso. La revisión continua de las normativas debe ser un aspecto clave en la comunidad empresarial, que debe adaptarse rápidamente a los cambios en el contexto político y económico.
Por último, en un mundo donde el escepticismo del consumidor hacia el greenwashing está en aumento, es fundamental que las empresas se alineen con una auténtica estrategia de sostenibilidad. La evolución de las normativas y su implementación efectiva serán determinantes para que las empresas no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también autenticen su compromiso con un futuro más sostenible y responsable.
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