Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 23.02.2025
La reciente solicitud de la Generalitat a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre las ayudas para los afectados por la Dana. En una carta enviada a la ministra, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha demandado que las ayudas autonómicas sean exentas de cualquier tipo de tributación, al igual que las ayudas ofrecidas por el Gobierno central. Esta solicitud refleja no solo la urgencia de la situación, sino también la complejidad que puede surgir en la interacción entre administraciones en momentos de crisis.
Durante los últimos meses, las ayudas destinadas a la reconstrucción de viviendas y negocios tras las devastadoras inundaciones han sido un tema candente. Aunque existen regulaciones que permiten la exención de impuestos para ciertas ayudas, persisten áreas grises que generan confusión y descontento entre los beneficiarios. Las discrepancias en el tratamiento fiscal de estas ayudas se convierten, así, en un obstáculo para la recuperación efectiva de las personas y empresas afectadas.
Merino ha expresado su frustración en la carta, indicando que tras dos meses de negociaciones infructuosas con el gobierno central, la Generalitat se ve obligada a recurrir a la vía legislativa para buscar una solución. El hecho de que la administración regional no tenga competencias normativas en este ámbito subraya la necesidad de colaboración entre las diferentes instancias del gobierno en la gestión de crisis. "Nuestro único interés es beneficiar a los afectados", ha enfatizado la consellera, dejando claro que la prioridad debe ser la recuperación de los damnificados.
La solicitud de Merino se centra en varias ayudas específicas, incluidas aquellas recogidas en el Decreto 172/2024 y otros decretos subsecuentes. Estas ayudas, diseñadas para apoyar a autónomos y empresas, deberían, según la consellera, recibir el mismo tratamiento fiscal que las correspondientes del Gobierno de España. La equiparación de estas ayudas es fundamental para garantizar la equidad entre los afectados y evitar situaciones de injusticia en el ámbito tributario.
La situación se complica aún más por la naturaleza de las ayudas, las cuales están destinadas a reparar los daños causados por un desastre natural. La Disposición Adicional quinta de la Ley de IRPF establece que las ayudas destinadas a reparar daños por causas naturales no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Sin embargo, la falta de claridad y la diferencia en el tratamiento de las ayudas autonómicas han llevado a que muchos afectados se cuestionen la lógica de tener que tributar por una ayuda que en teoría debería ser exenta.
Merino también ha señalado que no sería lógico que el Gobierno aplicara un tratamiento fiscal diferente a ayudas que, a todas luces, son de la misma naturaleza. La consellera subraya que, en el ámbito de competencias de la Generalitat, se garantiza la exención tributaria, pero la resolución definitiva debe venir del gobierno central, que es quien tiene la capacidad normativa para hacerlo.
La indefinición fiscal sobre estas ayudas puede resultar en una carga adicional para los autónomos y pequeñas empresas que ya enfrentan dificultades significativas para recuperarse. Los empresarios afectados, que se encuentran en una situación vulnerable, no comprenden cómo pueden ser tratados de manera diferente según la administración que otorga la ayuda. Tal disparidad no solo crea confusión, sino que también socava la confianza en las instituciones.
La petición de la Generalitat es, por lo tanto, un llamado a la acción para que el Gobierno central actúe con rapidez y claridad. La necesidad de una respuesta legislativa que garantice la igualación fiscal no solo es justa, sino que también es esencial para la recuperación económica de los afectados. La colaboración entre ambas administraciones se presenta como un imperativo para proporcionar la seguridad jurídica que tanto necesitan los damnificados.
La resolución de esta cuestión no solo tiene implicaciones fiscales, sino que también habla de la capacidad del sistema administrativo para responder eficazmente a las crisis. La forma en que se gestionen estas ayudas y su tratamiento fiscal será un barómetro importante de la respuesta del Gobierno ante situaciones de emergencia y del compromiso con la justicia social en tiempos difíciles.
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