Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 13.02.2025
La reciente implementación de nuevas normativas sobre el manejo de envases en España ha abierto un debate crucial entre consumidores y empresas. Con una tasa de recogida separada de envases que apenas alcanzó el 41,3% en 2023, muy por debajo del objetivo del 70% establecido por la Ley de Residuos, se espera que estas medidas generen una transformación significativa en el sector. Este resultado ha llevado al gobierno a activar el sistema paralelo de depósito, devolución y retorno (SDDR) a partir de noviembre de 2026, cuyo propósito es incentivar a los consumidores a devolver sus envases y recuperar un depósito asociado.
El SDDR, que forma parte del Real Decreto 1055/2022, establece la obligación de retornar ciertos envases de uso doméstico al punto de venta. Este sistema se inscribe dentro del marco de un nuevo Reglamento europeo de Envases, que busca reducir el uso de materiales en un 5% para 2030 y hasta un 15% para 2040, en comparación con cifras de 2018. La normativa se presenta así como un pilar fundamental en la transición hacia una economía circular en Europa, donde la sostenibilidad y la reducción de residuos son prioritarias.
La industria del envasado, compuesta mayoritariamente por embotelladoras y distribuidoras, se enfrenta a un desafío monumental. Expertos como Javier Fernández de SIG han descrito este proceso como un "cambio de paradigma", que no solo transformará a los productores de envases, sino también a toda la cadena de valor. La complejidad del nuevo marco normativo exige una adaptación urgente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que podrían verse abrumadas por las nuevas exigencias.
Uno de los puntos más debatidos es la necesidad de una alineación normativa entre el Reglamento europeo y las leyes nacionales. María Martínez-Herrera, de Asedas, ha subrayado que la confusión en torno a qué envases están sujetos a las nuevas regulaciones puede complicar aún más el panorama. En este sentido, la claridad legislativa será esencial para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas y asegurar que todos los actores estén en sintonía con los mismos objetivos.
El SDDR afectará principalmente a botellas de plástico de un solo uso, latas y briks, mientras que el vidrio quedará excluido del sistema. Esta distinción ha suscitado interrogantes sobre la lógica detrás de ciertos envases, como el brik de leche, que no será parte del sistema debido a consideraciones bacteriológicas y normativas de seguridad alimentaria. La elección de los materiales de envasado debe tener en cuenta no solo la sostenibilidad, sino también la viabilidad técnica y la protección del consumidor.
La coexistencia del nuevo sistema de retorno con el contenedor amarillo añade otra capa de complejidad. Esther Colino de Reclay Group ha señalado que la responsabilidad del productor ahora se extiende más allá de los envases domésticos, abarcando también los envases comerciales e industriales. Esto implica que las empresas deberán adaptar sus modelos de negocio a la nueva realidad, lo que no será una tarea fácil.
Desde el punto de vista del consumidor, la necesidad de un entendimiento más profundo sobre la normativa y su papel en ella se hace cada vez más urgente. Javier Valle de Asozumos ha abogado por establecer reglas claras que propicien un cambio efectivo, garantizando que las empresas puedan adaptarse a los nuevos plazos sin perder competitividad. A medida que el consumidor se vuelva más consciente de su papel en la gestión de residuos, se espera que su participación activa se traduzca en mejores prácticas de reciclaje y reutilización.
La transición hacia una economía más circular en España también se ve acompañada por una creciente preocupación sobre el impacto económico que las nuevas regulaciones pueden tener sobre las empresas. Dolores López de Covap ha destacado que la implementación de tecnología e innovación necesaria conllevará un sobrecoste que deberá ser asumido por los productores. Asimismo, se ha planteado la posibilidad de establecer incentivos fiscales para aquellas empresas que cumplan con los estándares requeridos.
Por último, la proyección futura del panorama de gestión de residuos en España sugiere un aumento en la creación de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, que han crecido de dos a diecisiete en los últimos años. Este auge puede facilitar mejor la gestión y valorización de residuos por parte de los productores, pero también implica una mayor responsabilidad y un compromiso firme con la sostenibilidad.
La conclusión es clara: aunque los retos son significativos, hay un consenso en que estos cambios representan oportunidades para mejorar el modelo de negocio y avanzar hacia un futuro más sostenible. La colaboración entre todas las partes interesadas será crucial para asegurar que esta transición se lleve a cabo de manera efectiva, beneficiando tanto a las empresas como a los consumidores en su conjunto.
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