El sector automotriz europeo enfrenta enormes retos ante nuevas normativas de emisiones

El sector de la automoción en Europa se enfrenta a un cambio significativo a partir del 1 de enero de 2025, con la entrada en vigor de la normativa de reducción de emisiones de CO2, establecida por el Reglamento (UE) 2019/631. Este reglamento fija objetivos ambiciosos que los fabricantes de vehículos deberán cumplir para evitar sanciones significativas. Estos objetivos establecen que, para 2025, las emisiones medias de los turismos nuevos no deberán exceder los 93,6 g CO2/km, y los vehículos comerciales ligeros deberán limitarse a 153,9 g CO2/km. A partir de 2030, las exigencias se tornan aún más estrictas, apuntando a una reducción drástica que culminará en la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035. Con el fin de evitar sanciones económicas que podrían ascender a millones de euros, los fabricantes deberán adaptarse rápidamente a estas normas. Según los cálculos de Faconauto, la patronal de concesionarios españoles, para cumplir con estos requerimientos, se requeriría que la penetración de coches eléctricos puros alcanzara aproximadamente el 25%, una cifra considerablemente superior al actual 5%. Esto representa un desafío monumental, con unos 236.000 vehículos eléctricos necesarios en comparación con las 70.000 matriculaciones que se pronostican para el próximo año. Los fabricantes enfrentan la complicada tarea de equilibrar sus ventas de vehículos de combustión con la creciente demanda de automóviles eléctricos. Si no logran aumentar las ventas de estos últimos, la única opción viable será reducir la producción de coches de combustión, lo que podría desencadenar una crisis en el sector. Esta necesidad de adaptación no solo impacta en los fabricantes, sino que también tiene repercusiones en el mercado laboral y la economía en general, especialmente en un país como España, que es el segundo mayor fabricante de vehículos en Europa y el octavo a nivel mundial. Ante este panorama, el Grupo PPE en el Parlamento Europeo ha presentado un plan con el objetivo de garantizar la competitividad del sector automovilístico europeo. Esta propuesta ha sido bien recibida por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que aboga por un enfoque más flexible respecto a la prohibición de vehículos de combustión. La idea es adoptar una postura de neutralidad tecnológica que fomente la innovación y permita que los fabricantes se adapten sin enfrentar penalizaciones severas. El Grupo PPE sostiene que Europa no debe perder de vista la realidad económica, ya que una implementación demasiado rígida de las nuevas normativas podría llevar a que muchos ciudadanos no puedan permitirse un vehículo. También advierte sobre la pérdida potencial de puestos de trabajo en el sector, especialmente ante la competencia de mercados como el chino, que podrían aprovechar la situación para atraer a los consumidores europeos. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea ha lanzado un Diálogo estratégico sobre el futuro de la industria de la automoción, una iniciativa que se centra en proponer medidas urgentes para revitalizar el sector. En España, la atención se dirige también hacia el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que obligará a las grandes empresas y entidades públicas a instaurar planes de movilidad sostenibles, priorizando el uso de vehículos eléctricos y compartidos. Este proyecto legislativo busca fomentar un cambio hacia la movilidad activa, pero también plantea interrogantes sobre su implementación y el impacto que podría tener en la industria automotriz. Las empresas se encontrarán con la obligación de adaptarse a estas normativas en un plazo de 24 meses, lo que podría acentuar la presión sobre un sector ya de por sí en crisis. A medida que se acerca la fecha de vigencia del programa Moves III, que finalizará el 31 de diciembre de 2024, el sector aguarda con expectación la posible llegada del Moves IV. Tanto Anfac como Faconauto han exigido cambios cruciales para mejorar la eficiencia de este programa. Entre sus peticiones se encuentra la necesidad de que las ayudas sean directas y la eliminación de la tributación que actualmente gravan las ayudas a la compra de vehículos eléctricos. El futuro de la automoción en Europa es incierto, pero está claro que la adaptación a la sostenibilidad es un camino ineludible. A medida que se establecen estos nuevos estándares, tanto los fabricantes como los consumidores deberán navegar por un panorama en constante evolución, donde la innovación y la responsabilidad medioambiental jugarán un papel central en la redefinición de la movilidad en el continente. La próxima década será crucial, no solo para el sector automotriz, sino también para la economía europea en su conjunto.