Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El reciente clima de incertidumbre que rodea a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) ha empezado a generar inquietud entre los inversores, tanto nacionales como internacionales. La posibilidad de un aumento en la tributación de estas entidades por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y su socio de coalición, Sumar, ha llevado a expertos del sector a alertar sobre las consecuencias que tal medida podría tener en el mercado inmobiliario español. En un contexto donde se estima que España enfrenta un déficit de medio millón de viviendas, la amenaza de cambios fiscales se presenta como un factor que podría agravar aún más la situación. Históricamente, el régimen fiscal de las Socimis ha sido un aliciente clave para atraer inversiones en el mercado de alquiler. Este modelo, que comenzó a tomar forma durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y fue incentivado en la etapa de Mariano Rajoy, ha sido elogiado por su capacidad de movilizar capital hacia el sector inmobiliario. Sin embargo, las recientes propuestas de reforma han puesto en tela de juicio su futuro, como se destacó en el OBSERVATORIO FISCAL EXPANSIÓN, donde expertos del ámbito fiscal y legal expresaron su preocupación. Javier Hernández Galante, socio de Ashurst, subrayó la elevada inseguridad jurídica creada por la amenaza de modificaciones en la fiscalidad de las Socimis. Hernández enfatizó que la situación actual no es trivial, y que las consecuencias podrían ser perjudiciales para la reputación de España como destino de inversiones. Recordó el impacto negativo que tuvo el real decreto sobre energías renovables en 2012, que llevó a numerosos conflictos legales y desconfianza entre los inversores. Francisco Conde Rivas, socio de Garrido, también advirtió que el daño reputacional es significativo. Señaló que entre el 40% y el 60% del capital que ingresa en las Socimis proviene del extranjero. Por lo tanto, un aumento en la fiscalidad podría significar una fuga de capitales hacia mercados más amigables. Como él mismo expresó, "a más impuestos, menos rentabilidad", lo que de inmediato podría llevar a los inversores a buscar alternativas más favorables en otros países. Ernesto Grijalba, de Bufete Barrilero y Asociados, destacó el trasfondo populista que parece motivar el ataque a las Socimis. Subrayó que estas entidades no son el refugio de grandes patrimonios que evitan pagar impuestos, como se ha argumentado. Por el contrario, las Socimis permiten que pequeños inversores accedan a oportunidades de inversión en el sector inmobiliario que, de otro modo, estarían fuera de su alcance. En este sentido, las Socimis actúan como un mecanismo de democratización del acceso a inversiones en bienes raíces. Además, Grijalba recordó que, a pesar de su régimen fiscal, las Socimis cumplen con obligaciones tributarias significativas. Tienen la obligación legal de distribuir al menos el 80% de sus beneficios, lo que significa que los accionistas tributan por esos dividendos en el IRPF. La complejidad de la fiscalidad que enfrentan las Socimis no debe subestimarse, ya que, en su operación, están sujetas a un sistema que, en comparación con otros países desarrollados, resulta más gravoso. Las ventajas fiscales de las Socimis no son su única fortaleza. Conde explicó que estas entidades permiten la gestión profesionalizada de patrimonios heredados, facilitando la integración de activos inmobiliarios que requieren atención especializada. Esto no solo simplifica la sucesión generacional, sino que también permite a los herederos participar en la gestión del patrimonio, asegurando una continuidad en la administración de los activos. Sin embargo, los expertos coinciden en que, aunque se reconoce la necesidad de cambios en la normativa, estos no deberían centrarse en aumentar la carga fiscal. Hernández propuso que una posible reforma podría incluir un objetivo de capitalización más amplio, lo que facilitaría la participación de pequeños ahorradores en el ámbito de la inversión inmobiliaria. Este enfoque, aunque ambicioso, podría ofrecer una solución más sostenible a largo plazo. Grijalba, por su parte, criticó la obligatoriedad de repartir un alto porcentaje de beneficios, lo que a menudo limita la capacidad de inversión de las Socimis. La falta de liquidez para realizar mejoras o adquirir nuevos activos se convierte en un obstáculo significativo, que podría ser resuelto con una revisión que permita más flexibilidad en la gestión de los recursos. En conclusión, el futuro de las Socimis y su capacidad para atraer inversiones en el sector inmobiliario español se encuentra en un punto crítico. Con un déficit de vivienda en aumento y un entorno regulatorio incierto, la opción de aumentar la tributación podría tener efectos devastadores en la inversión necesaria para mitigar la crisis habitacional que enfrenta España. La comunidad de inversores y expertos del sector está a la espera de decisiones que podrían definir el rumbo del mercado inmobiliario en los próximos años, enfatizando la necesidad de un enfoque que no solo proteja los intereses fiscales del Estado, sino que también fomente un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible.