Burocracia asfixiante: pymes en España luchan por su supervivencia y crecimiento

La situación actual de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España parece estar marcada por una realidad ineludible: la sobrecarga burocrática que enfrentan estas entidades está afectando su capacidad de crecimiento y sostenibilidad. Con cerca del 90% del tejido empresarial del país conformado por pymes, la manera en que se gestionan las normativas juega un papel crucial en su eficiencia operativa. Sin embargo, la burocracia vigente a menudo se convierte en un obstáculo insalvable para muchos emprendedores. Ricard Gené, socio del bufete La Guard, ha destacado que, a menudo, las pymes se ven obligadas a contemplar la posibilidad de no cumplir con todas las regulaciones. Esta reflexión pone de manifiesto la desoladora realidad: las pequeñas empresas carecen de los recursos humanos y económicos necesarios para hacer frente a la avalancha de normativas que se les impone. Aunque algunas regulaciones se aplican exclusivamente a empresas más grandes, la falta de una categorización más adecuada para las pymes se traduce en un entorno que penaliza su existencia, en lugar de promover su desarrollo. Entre las regulaciones más exigentes se encuentran las normativas fiscales y laborales. Según los expertos, estas son las que tienen un impacto más directo en las pymes. La obligación de llevar un registro de jornada laboral, cumplir con los planes de igualdad y lidiar con las nuevas normativas de protección de datos son solo algunas de las múltiples cargas que deben asumir. Para muchas pequeñas empresas, esta realidad se traduce en un esfuerzo monumental para alcanzar la rentabilidad, mientras que el cumplimiento normativo se transforma en una fuente de estrés y agotamiento. Javier Berrocal, abogado en Santiago Mediano Abogados, comparte su preocupación por la creciente presión que sufren las pymes en términos de cumplimiento. Asegura que la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria operan constantemente, lo que genera un clima de incertidumbre que puede volverse abrumador. Este marco normativo rígido, que favorece controles severos y sanciones, representa una carga que muchas pequeñas empresas simplemente no pueden soportar. Mientras que las grandes corporaciones pueden absorber estos costos, las pymes se ven en una situación de desventaja que puede comprometer su estabilidad. En este contexto, los emprendedores se ven forzados a adaptarse y profesionalizarse para garantizar la competitividad. Rafael Viñals, socio de GRA Consultores, señala que la única vía viable para algunas pymes podría ser la externalización de actividades de cumplimiento normativo. Sin embargo, esta solución plantea sus propios desafíos, ya que el costo de contratar asesores externos puede ser prohibitivo para muchos. La reacción de los empresarios ante esta situación es un reflejo de su naturaleza ambiciosa. Cada nueva ley que surge se percibe como un obstáculo adicional en su camino, aunque la realidad es que muchos terminan aceptando esta carga como parte de su día a día. No obstante, el riesgo de intentar manejar los controles legales internamente es considerable, lo que lleva a algunos a delegar estas responsabilidades en profesionales con experiencia, aunque a menudo se hace de manera tardía. La presión normativa se vuelve aún más crítica cuando se habla de crecimiento. Berrocal menciona que muchos empresarios se lo piensan dos veces al considerar incrementar su plantilla más allá de los 30 trabajadores, ya que superar el umbral de los 50 empleados implica una carga regulatoria significativamente mayor. Esta situación puede limitar el crecimiento de sectores enteros, siendo el agrícola uno de los más afectados. Además, la Administración Pública, que debería facilitar el cumplimiento normativo, a menudo se encuentra desbordada y con falta de recursos. Esto repercute negativamente en las pymes, que deben asumir funciones de autocontrol que deberían corresponder a la administración. La consecuencia es clara: muchas pequeñas empresas se ven sancionadas por no poder cumplir con requisitos que ni siquiera les corresponden. A la hora de abordar esta problemática, los expertos insisten en la necesidad de simplificar la normativa. Una mayor sensibilidad por parte del legislador hacia la realidad de las pymes es fundamental para lograr un equilibrio que no bloquee su crecimiento. La solución no radica en eliminar controles, sino en racionalizarlos y hacerlos más accesibles, evitando que sean una carga insostenible. Por último, es vital que las autoridades tomen conciencia del impacto que tiene la normativa actual en las pequeñas y medianas empresas. La creación de un marco normativo más unificado y menos burocrático podría ser un paso decisivo para ayudar a este sector, que es fundamental para la economía del país. Las pymes requieren un entorno que les permita desarrollarse sin las ataduras de una regulación excesiva, ya que al final, su éxito repercute positivamente en el crecimiento económico y la generación de empleo.