Crisis de Petro-Perú: dilema entre liquidación y reestructuración fiscal urgente

La situación de Petro-Perú se ha convertido en un dilema apremiante que no solo afecta a la empresa estatal, sino que pone en jaque la estabilidad fiscal del país. Con una deuda acumulada que supera los 8 mil millones de dólares, el gobierno se enfrenta a dos alternativas que parecen igualmente desalentadoras. Una opción sería liquidar la empresa, lo que implicaría asumir dicha deuda y, por ende, un costo financiero significativo para el Estado. La otra alternativa, más sui generis, consiste en capitalizar esta deuda y extender líneas de crédito que alcancen los 3 mil millones de dólares, pero siempre bajo la condición de que se lleve a cabo una reestructuración radical. Sin embargo, esta segunda opción no está exenta de riesgos. Mantener a Petro-Perú en su forma actual, a pesar de la inyección de capital, podría perpetuar la carga que representa esta empresa para el erario público. La solución podría radicar en una reestructuración profunda que permita atraer inversión privada, hasta alcanzar un 51% del accionariado, similar a lo que se ha logrado con otras empresas estatales en América Latina. Solo así se podría transformar esta entidad en un verdadero aporte al desarrollo nacional, en lugar de un pozo sin fondo que consume recursos públicos. A pesar de la lógica que avala una solución de este tipo, hay voces que se oponen vehementemente a cualquier medida que implique la venta o privatización parcial de Petro-Perú. Figuras como el exministro Óscar Vera y el expresidente de la empresa, Pedro Chira, han sido convocados recientemente por la presidenta para debatir sobre las alternativas posibles. No obstante, la pregunta que surge es: ¿por qué los peruanos deben asumir la carga de financiar un desastre financiero que no es resultado de la gestión pública responsable, sino de decisiones ideológicas y privilegios particulares? La magnitud del financiamiento necesario para rescatar a Petro-Perú contrasta abismalmente con otras prioridades del Estado. Por ejemplo, los 1,800 millones de soles requeridos para establecer unidades de flagrancia en todo el país podrían reducir drásticamente la impunidad y la inseguridad, temas que afectan a miles de peruanos a diario. Invertir en la seguridad y en el bienestar de la población debería ser una obligación del Estado, más que destinar recursos a salvar a una empresa en crisis. La existencia misma de Petro-Perú pone en entredicho los principios establecidos en la Constitución de 1993, que sostiene que el Estado solo debe intervenir en aquellos sectores donde el privado no tiene interés. Al ser una empresa estatal, Petro-Perú carece de los incentivos necesarios para operar con eficiencia y rentabilidad, convirtiéndose en un botín político que, en vez de generar recursos, los consume. La realidad es que la administración estatal y los gobiernos subnacionales a menudo se ven atrapados en prácticas patrimonialistas que socavan la confianza pública. Con S/24 mil millones reportados anualmente como pérdidas por corrupción, la situación se torna insostenible. En este contexto, los controles que deberían servir para proteger los recursos públicos a menudo terminan inhibiendo a los honestos, mientras favorecen las acciones de quienes se desvían del camino de la ética. La solución a este enredo no es sencilla, pero está claro que se requieren cambios radicales en la gestión de los servicios públicos. Propuestas como la de Fernando Cillóniz y Carlos Basombrío sugieren la creación de organismos autónomos y altamente profesionales que gestionen las compras y obras públicas. Solo con una reforma de tal magnitud se podrían recuperar los recursos perdidos y garantizar una administración más eficiente. Mientras tanto, la espera del gobierno para tomar una decisión sobre el futuro de Petro-Perú se convierte en un ejercicio de incertidumbre. Los peruanos merecen respuestas claras y efectivas, así como un plan que no cargue sobre ellos el peso de una mala gestión. En el contexto actual, el desafío es monumental, pero no es imposible si se actúa con determinación y se asumen las responsabilidades que competen a cada actor involucrado. El tiempo se agota y la necesidad de una decisión se vuelve cada vez más apremiante.