Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente reflexión sobre el régimen laboral peruano destaca la complejidad inherente a la competitividad del mercado de trabajo en el país. A lo largo de los años, se ha sostenido la idea de que cualquier intento por optimizar este régimen enfrentará una resistencia política considerable y, en muchos casos, solo una crisis significativa podría abrir la puerta al cambio. Este análisis no es solo una observación académica; es un llamado a la acción para quienes buscan alternativas que permitan mejorar las políticas laborales existentes. La pandemia de COVID-19, que ha desafiado y transformado estructuras a nivel global, actuó como un catalizador para el cambio en el ámbito laboral peruano. Durante este periodo crítico, las medidas adoptadas, tales como el trabajo remoto, se convirtieron en herramientas indispensables que alteraron la normativa vigente. Esta modalidad, aunque ya existía desde 2013, tomó un nuevo rumbo al establecer un marco más flexible y claro para el empleador y el trabajador. Sin embargo, la reciente legislación ha complicado esta situación, añadiendo restricciones que reducen la flexibilidad previamente ganada. Otro aspecto crucial que emergió durante la crisis fue la suspensión perfecta de labores (SPL). Originalmente, esta herramienta existía en la legislación, pero su implementación no brindaba la protección adecuada al trabajador. Durante la pandemia, se fortalecieron las condiciones que debían cumplirse para su aplicación, lo que permitió que miles de empleos formales fueran salvados. A pesar de los avances, la decisión del Ejecutivo de revertir estas medidas en 2021 dejó a muchos trabajadores desprotegidos, evidenciando la necesidad de una revisión profunda y comprometida de la legislación laboral. La creación de incentivos a la contratación durante la pandemia también revela la búsqueda de soluciones innovadoras frente a un mercado laboral en crisis. A través de subsidios a los empleadores, se logró que más de 342 mil empleos fueran cubiertos, con un notable enfoque en la juventud. Este tipo de iniciativas pone de manifiesto que, aunque los costos no salariales en el Perú son elevados, hay formas efectivas de mitigar el impacto en la contratación y preservación del empleo. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué esperar a que surja otra crisis para normalizar y mejorar los parámetros laborales en el país? La reflexión se torna aún más pertinente cuando consideramos que muchos de los marcos normativos actuales fueron establecidos en un contexto que ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, la regulación sobre subsidios por incapacidad temporal, que aún se basa en criterios antiguos, necesita ser revisada a la luz de las realidades actuales. Adicionalmente, es fundamental que el país se cuestione sobre la distribución de utilidades y la posibilidad de establecer remuneraciones integrales anuales. Estas normas, que se mantienen vigentes a pesar de ser inadecuadas para el contexto laboral actual, limitan el potencial de los trabajadores y van en detrimento de su bienestar. Lo que se necesita es un enfoque preventivo que permita a Perú crear un ecosistema laboral más eficiente, donde se fomente la productividad, la calidad del empleo y, en última instancia, mayores ingresos para la población trabajadora. La historia ha demostrado que las crisis pueden facilitar el cambio, pero no podemos depender de ellas como única vía para avanzar. Las lecciones aprendidas durante la pandemia son un recordatorio de que el trabajo en el ámbito laboral no puede ser estático. Los académicos y defensores de políticas públicas tienen la responsabilidad de generar ideas que mantengan un foco claro en el bienestar de los trabajadores y la competitividad del país. Ahora es el momento de repensar y rediseñar la política laboral peruana, no solo para adaptarse a las circunstancias, sino para anticiparse a los desafíos futuros. En este camino, es imperativo que tanto el sector público como el privado colaboren en la construcción de un futuro laboral más adaptado a las nuevas realidades globales y locales.