Petro reafirma su compromiso con un Estado fuerte y regulador en economía colombiana

El presidente Gustavo Petro ha reavivado su compromiso con un Estado más fuerte y presente en la economía colombiana, tras un período donde había moderado su retórica en busca de un consenso político. En los últimos días, Petro ha lanzado un contundente discurso en defensa de los servicios públicos, la regulación del mercado eléctrico y el apoyo a las pequeñas empresas, reafirmando su visión de un gobierno que interviene activamente en la economía. Durante una alocución el pasado domingo, Petro abordó uno de los temas más candentes: las altas tarifas de energía en Colombia. Aseguró que el país es el único en América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado, permitiendo a las empresas fijar precios según el mercado y especular a su antojo. Advertido por la concentración del poder energético en manos de unas pocas compañías, Petro enfatizó la necesidad de que el Estado asuma un papel más decisivo en la fijación de tarifas, argumentando que cinco empresas controlan el 70% de la generación eléctrica en el país. Sin embargo, deshacer este entramado no será tarea sencilla. En la actualidad, el precio de la energía para consumidores finales es determinado por un organismo semi-autónomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Petro ha intentado modificar esta dinámica, pero sus esfuerzos han sido frustrados por el Consejo de Estado, que ha subrayado que no puede actuar al margen de la ley. A pesar de las limitaciones, el presidente sigue convencido de que el Estado debe tener un papel más activo en la regulación del sector energético. En paralelo, Petro también ha propuesto que el Estado defina a qué sectores pueden dirigir los bancos sus créditos. Esta idea, presentada en un foro de reactivación económica, menciona la posibilidad de utilizar parte del ahorro público para apoyar a sectores productivos. Aunque la propuesta aún carece de detalles concretos, ha suscitado críticas de banqueros y empresarios, quienes sugieren una alternativa voluntaria que no responde a la visión de intervención estatal que propone Petro. La controversia por la gestión del antiguo hospital San Juan de Dios en Bogotá es otro ejemplo de la postura del presidente en defensa de lo público. La disputa con el alcalde Carlos Fernando Galán revela un choque de visiones sobre el futuro del patrimonio cultural y los servicios de salud. Mientras el alcalde busca desarrollar un nuevo hospital en el sitio mediante un contrato con una empresa española, Petro aboga por preservar todos los edificios y garantizar que los servicios de salud sigan siendo públicos, citando estudios que critican la privatización del sector. Este enfrentamiento local entre dos figuras políticas con gran respaldo popular podría tener repercusiones más amplias. El presidente no solo está defendiendo un ícono del sistema de salud bogotano, sino también marcando un límite a la privatización de servicios que, bajo su administración, ha sido un tema de debate nacional. La necesidad de proteger la atención a los pacientes y el patrimonio arquitectónico está en el centro de su propuesta, un aspecto que ha marcado su mandato. El impacto de estas acciones se sentirá en la próxima reforma a la salud que el gobierno planea presentar. La redacción de esta reforma, que busca expandir el papel del Estado en el aseguramiento de la salud de los colombianos, será crucial para determinar la dirección futura del gobierno de Petro. Sin embargo, el éxito de la propuesta dependerá en gran medida del apoyo que logre reunir en un Congreso donde la oposición ha manifestado reservas sobre el alcance de las políticas estatales. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha intentado preparar el terreno para esta reforma mediante reuniones con diferentes bancadas, buscando comprometerlas en un acuerdo político que permita avanzar. Sin embargo, las resistencias internas y las críticas al intervencionismo estatal podrían complicar el avance de la iniciativa. Si el gobierno no logra un consenso, la ambición de Petro de ampliar el rol del Estado en la economía podría enfrentarse a un cerco legislativo. La dirección que tome el gobierno en las próximas semanas quedará marcada por la respuesta a estas propuestas y por la capacidad de Petro para equilibrar su agenda pública con la necesidad de construir alianzas políticas. La presión para garantizar servicios públicos de calidad y la regulación de sectores estratégicos como la energía desafiarán las estructuras existentes, pero también pondrán a prueba la fortaleza del Gobierno en un entorno político cada vez más polarizado. En última instancia, el legado de Petro se definirá por su habilidad para transformar sus propuestas en realidades concretas. Mientras el país se enfrenta a desafíos como el narcotráfico, la desigualdad y la crisis ambiental, la manera en que el presidente logre integrar su visión de un Estado fuerte y regulador en el desarrollo económico de Colombia será fundamental para su permanencia en el poder y la percepción pública de su administración.