Reforma judicial de López Obrador genera temor y desconfianza en inversión mexicana

La reciente propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado un torrente de críticas y preocupaciones en el sector privado mexicano y en el extranjero. Mientras que el año pasado la economía del país parecía estar en una senda de crecimiento, las alarmas han comenzado a sonar con fuerza tras el resultado de las elecciones del 2 de junio, donde el partido oficialista logró una victoria contundente. Los mercados han respondido con un fuerte pesimismo, advirtiendo que la reforma puede tener profundas implicaciones tanto para la democracia como para la economía. El centro del debate se encuentra en la propuesta de elegir a jueces, ministros y magistrados a través de un proceso popular. Esta medida, que se prevé que entre en vigor el próximo año para reemplazar hasta 900 puestos judiciales de una sola vez, ha suscitado el temor de que elimine la independencia del Poder Judicial, concentrando el control en manos del Ejecutivo. La oposición ha denunciado que se está socavando la separación de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia. Aunque se han presentado modificaciones al proyecto original, como la creación de un Comité de Evaluación para filtrar a los candidatos, muchos consideran que esto no es suficiente. Luis Maizel, inversor mexicano en Estados Unidos, ha expresado su descontento, afirmando que la verdadera naturaleza del proceso sigue permitiendo que el gobierno controle la selección de jueces, lo que podría hacer que el voto popular sea irrelevante. La incertidumbre y el riesgo que representa esta reforma han llevado a Maizel a deshacerse de bonos de deuda mexicana, un claro indicador de la falta de confianza que reina en los mercados. La situación se ha vuelto más grave con la reciente caída del peso mexicano, que sufrió una devaluación significativa tras la victoria de Morena en las elecciones. Este contexto ha llevado a tres bancos de inversión globales a publicar informes advirtiendo sobre el aumento del riesgo de invertir en México, lo cual podría tener efectos desastrosos en la economía. Las principales patronales del país también han hecho eco de estas preocupaciones, solicitando al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga para limitar la representación del partido oficialista en el Congreso. El impacto internacional de la reforma ha sido notable, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cambiando su postura sobre la elección popular de jueces. Tras haber respaldado la idea, ahora advierte que esta reforma podría amenazar la democracia mexicana y dañar la relación comercial entre ambos países, un giro inesperado que ha sorprendido a muchos en el ámbito diplomático y financiero. Los analistas advierten que el riesgo de una mayor politización del Poder Judicial podría afectar la percepción de México como un destino de inversión. Damian Fraser, exdirector de UBS en México, señala que la política de la administración actual, sumada a la reforma, podría llevar a un clima de inversión menos atractivo. Benoit Berber, economista jefe en América para Natixis, también ha expresado su preocupación sobre el impacto negativo que la reforma podría tener en el precio de los activos mexicanos, incluyendo el tipo de cambio. Si bien muchos estados en Estados Unidos tienen un sistema de elecciones judiciales, la implementación a nivel federal en México plantea un escenario diferente, dado el contexto cultural y estructural del país. Fraser señala que la fortaleza del Estado de Derecho en Estados Unidos no es comparable con la situación en México, lo que hace que la propuesta de reforma se perciba con más escepticismo. Por otra parte, tanto Maizel como Fraser coinciden en que el clima de incertidumbre en torno a la reforma se suma a otros factores que ya hacían que México fuera un destino de inversión riesgoso. La desaceleración económica, el elevado déficit fiscal y la falta de calidad en la política pública son solo algunas de las preocupaciones que alimentan el desánimo entre los inversionistas. En última instancia, la concentración de poder en un solo partido preocupa a muchos, ya que podría llevar a un abuso de poder si no se establecen controles adecuados. Maizel reflexiona sobre la necesidad de un sistema donde el poder se negocie y se discuta, en lugar de ser impuesto por decreto. La situación actual en México, que parece dirigirse hacia una mayor centralización del poder, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia y la economía en el país. La comunidad empresarial, tanto nacional como internacional, observa con trepidación los desarrollos que se avecinan, esperando que la voz del sector privado no sea ignorada en el proceso de toma de decisiones.