Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En una escalada significativa de la vigilancia en torno al mercado de la vivienda, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), junto con ocho estados, ha presentado una demanda contra RealPage, una empresa de software con sede en Texas, alegando que sus algoritmos de precios de alquiler han contribuido al aumento de los alquileres en todo el país. La demanda, que se dirige a una empresa que afirma dominar el mercado de software de gestión de ingresos comerciales, destaca las preocupaciones sobre el impacto de la tecnología en la asequibilidad de la vivienda, un problema que se ha vuelto cada vez más urgente en Estados Unidos. La demanda alega que RealPage proporciona a los propietarios las herramientas para manipular los precios de alquiler, utilizando un algoritmo avanzado que recomienda estrategias de precios basadas en datos recopilados de millones de propiedades en alquiler. Esta práctica, según el DOJ, permite a los propietarios "manipular, distorsionar y subvertir las fuerzas del mercado", lo que finalmente conduce a aumentos en los alquileres que afectan a los inquilinos. La demanda señala específicamente que muchos propietarios optan por "aceptar automáticamente" las propuestas de alquiler generadas por RealPage, renunciando así al control sobre las decisiones de precios. RealPage, que es propiedad de la firma de capital privado Thoma Bravo, ha enfrentado crecientes críticas tras una investigación de ProPublica que descubrió prácticas preocupantes relacionadas con su software. A principios de este año, la empresa ya estaba bajo escrutinio legal, enfrentando demandas de inquilinos y fiscales en Arizona y el Distrito de Columbia. La demanda actual marca un hito para el gobierno federal, ya que busca abordar el uso generalizado de algoritmos de precios que pueden violar las leyes antimonopolio. A pesar de la gravedad de las acusaciones, RealPage ha defendido sus prácticas, afirmando que solo atiende a una pequeña parte del mercado de alquiler y que, en última instancia, son los propietarios, no la empresa, quienes establecen los precios. En una declaración emitida en junio, RealPage rechazó las afirmaciones de manipulación del mercado, insistiendo en que las acusaciones eran engañosas. El creciente foco sobre RealPage y sus prácticas se produce en un momento en que la asequibilidad de la vivienda es un tema candente en todo el país. La crisis de aumento de alquileres ha sido un tema frecuente en el discurso político, con la vicepresidenta Kamala Harris denunciando el uso de algoritmos para establecer los alquileres en sus discursos durante su campaña presidencial, destacando la necesidad de rendición de cuentas en el sector de la vivienda. Las acciones del DOJ reflejan un intento más amplio de abordar las preocupaciones sobre las prácticas de precios algorítmicos no solo en el sector inmobiliario, sino en diversas industrias, incluido el sector cárnico. El fiscal general adjunto Jonathan Kanter, quien lidera la unidad antimonopolio del departamento, ha enfatizado que "los infractores de la era moderna no pueden esconderse detrás de algoritmos de software e inteligencia artificial para violar la ley". Esta postura señala un compromiso para investigar cómo la tecnología puede perpetuar disparidades económicas y perjudicar a los consumidores, particularmente en mercados esenciales como la vivienda. A medida que avanza la demanda, es probable que arroje luz sobre la intersección de la tecnología, la economía y la equidad en el mercado de la vivienda, planteando preguntas importantes sobre las implicaciones éticas de la fijación de precios impulsada por algoritmos y las responsabilidades de las empresas que ejercen una influencia tan significativa sobre la asequibilidad de la vivienda. El resultado podría sentar un precedente sobre cómo se regulan los algoritmos de precios y las responsabilidades de las empresas tecnológicas para garantizar prácticas de mercado justas.