Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La realidad de la minería en Perú se ve empañada por una serie de mitos que, lejos de ayudar, obstaculizan el desarrollo económico del país y la reducción de la pobreza. A pesar de que la actividad minera ha evolucionado significativamente en las últimas décadas y se presenta como una oportunidad para incrementar el crecimiento económico por encima del 4%, es urgente derribar estas creencias erróneas que permean en la sociedad. Uno de los mitos más extendidos es la percepción de que la minería opera en un marco regulatorio laxo. Sin embargo, datos de Apoyo Consultoría revelan que la gran minería en Perú está sujeta a 232 procedimientos administrativos respaldados por 470 normas, además de la vigilancia de 30 entidades diferentes. Esta complejidad ha generado un fenómeno conocido como "tramitología", que ha llevado al retraso de 23 proyectos mineros, acumulando inversiones de US$ 30 mil millones. Entre estos, el caso de Tía María destaca, con más de diez años de espera por las autorizaciones necesarias. A su vez, la producción responsable en la minería ha dejado de ser un concepto abstracto. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) próximo a publicarse destaca que las diez minas más grandes de cobre del Perú poseen al menos dos estándares internacionales que avalan su compromiso con el medioambiente y la gestión social. Este nivel de certificación, que puede llevar hasta tres años para su obtención, demuestra que la industria está alineándose con prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social. La generación de empleo es otro punto crítico en la discusión sobre la minería. Desde 2001, el número de empleos directos en este sector ha más que triplicado, alcanzando 214 mil en 2023. Este crecimiento no solo impacta directamente a los trabajadores de la minería, sino que también genera una cadena de empleo indirecto: por cada puesto en minería, se estima que se crean ocho más en actividades relacionadas. En términos prácticos, esto significa que casi dos millones de peruanos dependen de la actividad minera. La contribución del sector minero a la economía nacional es notable. Según el Centro para la Competitividad y el Desarrollo, en los últimos 20 años, se han creado más de 5 mil nuevos proveedores, la mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas que se benefician de la actividad minera. Actualmente, el sector de proveedores representa el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, lo que subraya la interconexión entre la minería y otros sectores económicos. A pesar de la importancia de la minería, su carga tributaria es significativamente alta, alcanzando entre el 41% y el 43% de la utilidad, en comparación con el 30% de otros sectores. Este alto nivel de contribución convierte a la minería en un pilar fundamental para la recaudación fiscal, aportando casi el 10% del total, que a su vez se redistribuye a las regiones del país. La transferencia de recursos provenientes de canon y regalías mineras ha sido significativa, alcanzando casi S/47 mil millones en la última década. Estos fondos han sido destinados a gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas, lo que evidencia que la minería tiene un impacto directo en el bienestar de la población. No obstante, la postergación de proyectos mineros significa privar a millones de peruanos de mejores oportunidades económicas y de un futuro más próspero. Es fundamental que la sociedad comprenda que los mitos en torno a la minería no solo perjudican a la industria, sino que afectan a la calidad de vida de todos los peruanos. La minería formal, que se rige por estrictas normativas y estándares, es un motor de desarrollo que podría contribuir a erradicar la pobreza y mejorar el bienestar de las familias. Por otro lado, la inacción ante estos proyectos solo beneficia a la minería ilegal, la cual opera al margen de la ley y sin el compromiso social y ambiental que caracteriza a la minería formal. Este fenómeno no solo socava la economía, sino que genera conflictos sociales y ambientales que afectan a comunidades enteras. Al final, es imperativo que todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil, trabajen juntos para desmitificar la minería y resaltar su potencial como catalizador del progreso y el desarrollo en el Perú. La oportunidad está al alcance, pero es esencial que se actúe con decisión y compromiso para aprovecharla plenamente.