Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Este mes se cumplen diez años desde que se inició en México un debate crucial sobre el salario mínimo, un tema que había permanecido en la sombra durante décadas. Agosto de 2014 marcó el inicio de una lucha por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, un esfuerzo que ha llevado a importantes cambios en la política salarial del país. Antes de esta fecha, cualquier intento de discutir el salario mínimo se consideraba casi tabú en los círculos de poder, dominados por un enfoque tecnocrático que rechazaba aumentos sustanciales, temiendo sus repercusiones inflacionarias y la posible pérdida de empleos. El documento que desencadenó esta transformación fue "Política de recuperación en México y en el Distrito Federal del salario mínimo. Propuesta para un acuerdo", elaborado por funcionarios del gobierno local y académicos. Este informe no solo puso sobre la mesa la alarmante pérdida de valor del salario mínimo, que había caído más de un 70% desde 1976, sino que también desafió las nociones preestablecidas sobre los efectos de los aumentos en el salario. Su impacto fue inmediato, generando un debate que se trasladaría al ámbito de la política pública. Con el apoyo de datos contundentes, los autores de este documento argumentaron que el salario mínimo debía ser suficiente para cubrir al menos dos canastas alimentarias básicas, una medida que podría sacar a cientos de miles de mexicanos de la pobreza extrema. Esta propuesta fue un parteaguas, ya que brindó una hoja de ruta legal que permitía ajustes al salario sin que se produjeran efectos adversos en otros precios de la economía. La lucha por la dignificación del salario mínimo también reveló la profunda desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana. En un análisis publicado por OXFAM, se mostró cómo la riqueza acumulada por los más ricos del país podría emplear a millones de personas a salario mínimo, subrayando no solo el desbalance económico, sino la urgencia de rectificar esta situación. Este tipo de informaciones contribuyeron a cambiar la narrativa sobre el salario mínimo y su relación con el desarrollo económico del país. A partir de 2016, el gobierno comenzó a implementar cambios legislativos que facilitaron aumentos al salario mínimo, aunque estos fueron moderados. Fue con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 cuando la situación dio un giro radical. En su administración, el salario mínimo ha experimentado incrementos significativos, alcanzando cifras que duplican lo que se percibía a finales de 2018 y, en algunas zonas del país, como la frontera norte, incluso se ha triplicado. Este notable aumento en el salario mínimo no ha sido un mero capricho político, sino que ha demostrado su efectividad en la reducción de la pobreza en México. Entre 2018 y 2022, se observó una disminución tangible en las cifras de pobreza, lo que sugiere que un salario mínimo más justo puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de millones de mexicanos. Un dato interesante es que el tema del salario mínimo no había sido parte de la agenda política de López Obrador en sus campañas anteriores. No fue sino hasta 2018 que este asunto comenzó a ganar prominencia, reflejando el peso que la discusión pública iniciada en 2014 tuvo en la política nacional. Este fenómeno pone de manifiesto cómo una conversación informada y sostenida puede influir en las decisiones políticas y en las prioridades de un gobierno. La lucha por un salario mínimo digno no es solo una cuestión económica, sino un reflejo de las desigualdades que persisten en la sociedad mexicana. Aunque se han logrado avances, la batalla no ha terminado. El desafío sigue siendo asegurar que los incrementos en el salario mínimo se mantengan alineados con el costo de vida y que se aborden otras problemáticas económicas que afectan a los trabajadores. El camino recorrido en estos diez años es un testimonio del poder de la sociedad civil y de los expertos para cambiar la narrativa en torno a temas críticos. Este es un ejemplo de cómo la lucha por las ideas y el debate público pueden transformar realidades y sentar las bases para un futuro más equitativo. Con el contexto actual, es fundamental mantener la presión y continuar exigiendo políticas que beneficien a los trabajadores, asegurando que el salario mínimo no solo sea un número, sino un verdadero reflejo del esfuerzo y la dignidad de quienes sostienen la economía del país.