Colombia enfrenta una crisis económica y política que agrava la incertidumbre ciudadana

Durante los últimos 730 días, la situación política y económica de Colombia ha causado una gran preocupación en la población. A medida que el Gobierno ha tomado decisiones que parecen desincentivar a los ciudadanos y a los sectores productivos, la angustia se ha incrementado. La falta de claridad en políticas cruciales como petróleo, vivienda y salud, así como la constante presión fiscal, han dejado a muchos colombianos con la sensación de que el futuro es incierto. Desde el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, la economía ha estado en un estado de parálisis. Las políticas implementadas han contribuido a un desplome del ahorro y, por ende, de la inversión. Las familias colombianas, que inicialmente aumentaron su consumo tras la pandemia, ahora enfrentan un panorama completamente diferente. La inflación ha superado sus ingresos, lo que ha forzado a los hogares a ajustar sus gastos y a reducir sus compras. La situación es particularmente crítica para los estratos medios y bajos, quienes ven cómo sus recursos son cada vez más limitados. En este contexto, la alta inflación y las elevadas tasas de interés han creado un círculo vicioso que dificulta la recuperación económica. Las empresas, al ver caer su demanda, han detenido sus planes de inversión y se enfrentan a un panorama desolador. El resultado es una economía que no solo está estancada, sino que parece estar en estado comatoso. Esta situación no es producto de un fenómeno externo, sino que es el resultado de decisiones gubernamentales que han generado desconfianza en el sector privado. El malestar en la opinión pública es palpable y se manifiesta en una actitud generalizada de espera. Las familias y las empresas han decidido frenar sus planes económicos, sus compras y sus proyectos, en un contexto donde el Gobierno no ha mostrado capacidad para reactivar la confianza. La administración Petro, en lugar de ofrecer un camino hacia la estabilidad, ha optado por una retórica abrasiva que aleja a los inversionistas y desanima a los consumidores. Los sectores económicos más afectados han sido aquellos que dependían de políticas claras y consistentes. La industria de la vivienda ha visto un estancamiento significativo, mientras que el sector energético ha caído en la incertidumbre debido a las decisiones erráticas del Gobierno. Las expectativas en torno a la política energética son sombrías; la falta de claridad y la ausencia de inversiones a largo plazo han generado una crisis inminente, especialmente en la Costa Caribe, donde la falta de gas y energía podría agudizarse. Por si fuera poco, el ámbito de la infraestructura se ha visto golpeado por aumentos imprevistos en peajes y por una falta de claridad en las vigencias futuras. Esta falta de previsibilidad ha llevado a una parálisis en el comercio y la industria, fundamentales para la economía colombiana. Con más del 60% de la economía nacional en juego, es preocupante que el horizonte que se vislumbra sea tan incierto. El Gobierno ha intentado compensar esta caída en el consumo mediante el aumento del gasto público. Sin embargo, las reformas tributarias, tanto del Gobierno anterior como del actual, han llevado a un descontento generalizado, ya que la ejecución de estos presupuestos ha sido deficiente. En lugar de ver mejoras, la ciudadanía se enfrenta a escándalos de corrupción que minan la confianza en las instituciones. A medida que se acerca el tercer año de Gobierno, se vislumbra una serie de reformas ambiciosas, desde la reelección hasta nuevas políticas en salud y trabajo. No obstante, el temor persiste. La falta de resultados tangibles en los últimos 730 días deja la sensación de que continuar por esta senda podría llevar a un descalabro aún mayor. Los 52 millones de colombianos que habitan el país merecen un liderazgo claro que les brinde esperanza y dirección. Sin embargo, el apoyo del 30% de aceptación que aún mantiene el Gobierno plantea un dilema. La historia política reciente indica que la ineptitud no siempre se castiga en las urnas. De ser así, podríamos enfrentar no solo otros 730 días de incertidumbre, sino un ciclo completo hasta el 2030, lo que sería aún más devastador. La sociedad colombiana se encuentra en un punto crítico. La necesidad de redireccionar las políticas gubernamentales es urgente. La promesa de cambio debe ser respaldada por acciones concretas que generen confianza, estabilidad y un futuro mejor para todos. La esperanza de que el Gobierno encuentre el camino correcto es un deseo compartido, pero la realidad actual sugiere que se necesita más que buenas intenciones para lograrlo.