Las propuestas de reestructuración de Petro-Perú: desafíos y perspectivas de cambio

Las medidas propuestas por Petro-Perú para reestructurar la empresa estatal han generado diversas opiniones y observaciones por parte de expertos y exfuncionarios del sector energético. En este sentido, Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y Fernando de la Torre, exgerente corporativo de Finanzas de Petro-Perú, coinciden en que si bien estas propuestas no tendrán un impacto significativo en la situación financiera de la empresa, sí contribuirían a recuperar la credibilidad perdida en los últimos años y mejorar la imagen interna y externa de la compañía pública, respectivamente. Uno de los puntos clave que se resalta es la necesidad de contar con el respaldo y acompañamiento de la Junta General de Accionistas, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem. Sin embargo, hasta el momento, no se ha tenido una respuesta oficial por parte de dichos entes debido a la ausencia de los titulares de ambos ministerios, quienes se encontraban de viaje en Asia en el momento de la consulta. Oliver Stark, presidente del directorio de Petro-Perú, ha señalado que estas propuestas forman parte de una primera fase de un plan de reestructuración que se extenderá hasta el año 2025. Se espera que los accionistas brinden una respuesta pronta y que se implementen medidas que permitan reducir costos y frenar las pérdidas operativas de la empresa, como mencionó Alfredo Thorne, exministro de Economía. En este contexto, se plantea la necesidad de una ley que respalde el proceso de reestructuración y que limite la injerencia del sindicato de trabajadores de Petro-Perú en las decisiones de la compañía. Carlos Paredes, expresidente del directorio de la empresa estatal, destaca la importancia de que las decisiones tomadas por el directorio se ejecuten efectivamente, evitando conflictos de interés que puedan obstaculizar el proceso de reestructuración. Por su parte, Fernando de la Torre hace hincapié en la importancia de declarar a Petro-Perú en reestructuración y suspender los convenios sindicales para facilitar el traslado del personal a Talara. Sin embargo, se señala la existencia de desafíos como el acuerdo laboral por negociación colectiva, que implica costos adicionales para la empresa. Es fundamental mencionar que el directorio de Petro-Perú planea contratar una empresa restructuradora para gestionar la empresa pública, lo cual implicaría una inyección económica y la implementación de medidas para garantizar la transparencia en las cuentas de la compañía. Sin embargo, existen dudas sobre la viabilidad de este enfoque, ya que se cuestiona la capacidad de un gestor privado para controlar los gastos y honrar las deudas de Petro-Perú en las condiciones actuales. En cuanto a la situación financiera de Petro-Perú, se destaca el déficit de capital de trabajo por US$2.820 millones hasta marzo, derivado del desvío de recursos para financiar la Refinería de Talara. De La Torre propone separar los flujos de caja de corto plazo a través de un fideicomiso de flujos como medida para enfrentar esta problemática. En resumen, las propuestas de reestructuración de Petro-Perú plantean desafíos importantes que involucran aspectos financieros, laborales y de gestión. La necesidad de contar con un respaldo legislativo y el acompañamiento de los accionistas son aspectos clave para garantizar el éxito de este proceso. La transparencia en la gestión, la reducción de costos y la efectividad en la implementación de las medidas propuestas serán determinantes para la recuperación de la estatal petrolera y la mejora de su calificación crediticia en el futuro.