El dilema del precio del diésel en Colombia: ¿sostenibilidad fiscal o impacto desigual en el transporte?

El dilema del precio del diésel en Colombia: ¿sostenibilidad fiscal o impacto desigual en el transporte?

El Ministerio de Hacienda de Colombia aumenta el precio del diésel solo para vehículos pesados, eximiendo a camioneros. Opiniones divididas sobre la medida y preocupación por posibles distorsiones. Buscan equilibrar sostenibilidad fiscal y ambiental en el transporte.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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El Ministerio de Hacienda de Colombia ha dado un paso decisivo al firmar un decreto que establece un aumento en el precio del galón de diésel. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían haber temido, esta medida no afectará a todos por igual. Específicamente, se ha confirmado que el incremento solo aplicará a los vehículos pesados con un consumo anual superior a los 20.000 galones mensuales, eximiendo así al gremio camionero, el mayor usuario de este carburante en el país, de asumir los costos del fin del subsidio al diésel. Este anuncio ha sido recibido con opiniones encontradas. Mientras que algunos sectores lo ven como un avance positivo en la búsqueda de la sostenibilidad fiscal del Estado, otros consideran que aún no es suficiente. Expertos como Julio César Vera, gerente de la Fundación Xua Energy, calculan que el alza afectará al 12% de la demanda total de ACPM en Colombia, con un incremento del 59,5% en el precio del galón a partir del 8 de agosto. El desmonte del subsidio al diésel responde a la necesidad de reducir el impacto económico que ha significado para el Estado colombiano mantener este beneficio. A lo largo de los años, se estima que se han desembolsado 100 billones de pesos para compensar la diferencia entre los precios domésticos e internacionales del combustible, afectando los recursos del Presupuesto General de la Nación y la capacidad de inversión social del gobierno. Sin embargo, la implementación de precios diferenciados ha generado preocupaciones sobre posibles distorsiones en la economía y la falta de controles efectivos para garantizar su eficiencia. Michel Janna, doctor en Economía, señala que esta estrategia puede propiciar arbitrariedades y manejos irregulares, mientras que la ingeniera Brigitte Castañeda destaca la importancia de verificar que los grandes distribuidores cumplan con los precios fijados en la normativa. La subida del precio del diésel se suma a los ajustes realizados en el precio de la gasolina corriente, que ha experimentado un incremento del 48% desde 2022 con el desmonte gradual del subsidio. Estos cambios responden a las necesidades fiscales del gobierno, que ha debido realizar recortes presupuestarios significativos para cumplir con sus metas fiscales. A pesar de las críticas y quejas del sector, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que el decreto busca alinear el precio del diésel con el mercado internacional. En medio de estas discusiones, surge la preocupación sobre cómo afectará este aumento a los transportistas y demás vehículos en el futuro. La falta de alternativas de transporte, sumada a las exigencias ambientales cada vez más apremiantes, plantean un desafío para el sector del transporte de carga en Colombia. Mientras se busca reducir la dependencia de los motores de combustión, como el diésel, el gobierno enfrenta la tarea de equilibrar las necesidades económicas con los compromisos medioambientales. En última instancia, el desafío para el gobierno colombiano será encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y económica del país, sin dejar de lado la importancia de promover prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en el sector del transporte. La implementación de medidas como el fin del subsidio al diésel es un primer paso en este camino, pero queda por verse cómo se gestionarán los impactos a corto y largo plazo en la economía y en la sociedad colombiana.
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