
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Economía y Finanzas 24.06.2024
En los últimos diez años, los gobiernos regionales y municipios del Perú han dejado de ejecutar una cifra alarmante de recursos provenientes del canon minero. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se estima que un total de S/56.456 millones no han sido invertidos eficientemente en proyectos que beneficien a las comunidades locales. Esta situación pone en evidencia la falta de capacidad de las autoridades subnacionales para gestionar adecuadamente los fondos provenientes de la actividad minera, la cual ha tenido un impacto significativo en la economía peruana.
La minería ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en el país, representando en promedio el 9% del Producto Bruto Interno (PBI) total en la última década. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los primeros cuatro meses de este año la actividad minera se expandió en un 5,27% a nivel nacional. Este crecimiento ha generado un impacto positivo no solo en términos de producción, sino también en la generación de empleo y el desarrollo de sectores productivos locales como proveedores de equipamiento y tecnología.
Jessica Luna, directora ejecutiva de Comex Perú, resaltó que la minería aporta entre 3 a 4 puntos adicionales al PBI peruano, generando cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Sin embargo, señaló que existe un potencial para que este sector se siga expandiendo, especialmente a través de la creación de cadenas de valor con proveedores de bienes y servicios. Luna destacó el caso de Arequipa, donde el canon minero ha contribuido al desarrollo de conocimiento tecnológico y la formación de profesionales en el campo de la minería.
Por su parte, Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, destacó el efecto multiplicador de la minería en la economía nacional. A través de la cadena de valor generada por los proveedores y el consumo de los trabajadores, se estima que por cada puesto en minería se generan alrededor de ocho empleos adicionales en otros sectores. La puesta en marcha de importantes proyectos mineros como Toromocho, Cerro Verde y Las Bambas ha impulsado la producción en diversas regiones del país.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que la minería ha traído al Perú, el problema radica en la deficiente ejecución de los recursos del canon por parte de las autoridades regionales y locales. Karla Gaviño, consultora afiliada de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que la falta de orientación especializada y la politización en la gestión pública son factores que contribuyen a la mala utilización de estos recursos. Gaviño advirtió que muchas veces se priorizan obras populistas y de corto plazo en lugar de proyectos que generen un impacto duradero y mejoren la calidad de vida de la población.
Es fundamental que las autoridades subnacionales adquieran la capacidad para ejecutar correctamente los recursos provenientes del canon minero. Esto requiere una mayor articulación entre los entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas y las instituciones responsables de la inversión pública. La capacitación especializada, el planeamiento estratégico y la coordinación entre los diferentes actores gubernamentales son clave para garantizar una gestión eficiente de los recursos y maximizar los beneficios que la minería puede aportar al desarrollo sostenible del país.
En conclusión, es necesario que se implementen medidas concretas para mejorar la ejecución de los recursos del canon minero y garantizar que estos se inviertan de manera eficiente en proyectos que realmente beneficien a las comunidades locales. El potencial de la minería como motor de desarrollo económico y social es innegable, pero su verdadero impacto solo se materializará si se logra una gestión transparente, eficaz y orientada al bienestar de la población.
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