Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 23.05.2024
La minería ilegal en Perú continúa siendo un problema de gran magnitud que afecta no solo al país, sino también a toda la región de América del Sur. Según el estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentado en el Simposio XV de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Perú destaca como el principal exportador de oro ilegal en la región, superando a países como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela en valor monetario.
A pesar de que Perú ha sido uno de los primeros países en institucionalizar políticas para combatir la minería ilegal, los avances en la formalización y erradicación de esta actividad ilegal han sido limitados. Según el informe del IPE, entre el 30% y 80% del oro exportado de América del Sur proviene de la minería ilegal, siendo Perú responsable de exportar 77 toneladas de oro ilegal en el 2023, valuadas en aproximadamente US$4,833 millones.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, resalta que la inversión minera ilegal en Perú ha ido en aumento, a pesar de que la formalización no ha avanzado como se esperaba. La exposición del país a la minería ilegal se ve agravada por la geografía favorable que facilita el contrabando de insumos como el mercurio, utilizado en el proceso de tratamiento del oro ilegal extraído.
El estudio del IPE señala que la minería ilegal en Perú se concentra especialmente en la zona fronteriza con Bolivia, donde el contrabando de insumos es más accesible. Esta situación se ve agravada por la falta de control en las fronteras menos pobladas, lo que favorece la propagación de actividades ilegales vinculadas a la minería.
A pesar de las políticas implementadas para combatir la minería ilegal, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), los resultados no han sido satisfactorios. Según el IPE, la mayoría de los mineros inscritos en el Reinfo se encuentran suspendidos por no haber completado los requisitos de formalización.
Para abordar este problema, el IPE sugiere la implementación de intervenciones permanentes en zonas de riesgo, así como un sistema de formalización mejorado con tecnología avanzada. Además, se destaca la necesidad de establecer alianzas internacionales, como la Unión Europea, para combatir la minería ilegal desde un enfoque global.
En cuanto a las propuestas del Gobierno para fortalecer la formalización minera, se plantea la posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma temporalmente la dirección del proceso de formalización. Sin embargo, se enfatiza la importancia de fortalecer simultáneamente las capacidades de los gobiernos regionales para garantizar una solución sostenible a largo plazo.
En conclusión, la minería ilegal en Perú sigue representando un desafío significativo que requiere de acciones urgentes y coordinadas a nivel nacional e internacional para combatir este flagelo que afecta no solo al país, sino a toda la región de América del Sur.
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