Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 20.05.2024
En los últimos años, la importación ilegal de combustibles en México ha representado un desafío constante para la industria energética del país. Conocido como "huachicol fiscal", este fenómeno ha puesto en jaque a los empresarios dedicados a la venta y distribución de gasolinas, quienes han visto cómo un mercado paralelo ofreciendo precios considerablemente más bajos ha ganado terreno en el mercado nacional.
El año 2020 marcó un hito en esta problemática, ya que la reducción en los precios internacionales del combustible durante la pandemia de coronavirus hizo que la importación ilegal se convirtiera en una opción atractiva para algunos grupos. La introducción de gasolinas etiquetadas bajo otra fracción arancelaria que evita el pago de impuestos ha permitido que estas sean vendidas a precios más competitivos que los del mercado formal, generando pérdidas millonarias en recaudación para el gobierno.
De acuerdo con informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2021 se estima que ingresaron al país alrededor de 102 millones de barriles de combustibles de manera ilegal, lo que representa aproximadamente el 21% del consumo nacional de gasolina y diésel. Esta situación ha provocado una merma significativa en la recaudación de impuestos, llegando a dejar de percibirse alrededor de 58,000 millones de pesos por concepto de IEPS relacionados con productos petroleros.
La estrategia utilizada por los grupos dedicados al huachicol fiscal ha sido variada, desde la importación ilegal de gasolinas a través de la manipulación de fracciones arancelarias hasta el uso de lubricantes automotrices como método de evasión para introducir hidrocarburos al país. Estas prácticas fraudulentas han encontrado un nicho en compradores como empresas transportistas o estaciones de autoconsumo, quienes encuentran en los precios más bajos una oportunidad para reducir costos operativos.
La relación entre la aplicación de subsidios a los combustibles por parte del gobierno y la disminución o aumento de la importación ilegal ha sido evidente. Durante la invasión rusa a Ucrania, el alza en los precios internacionales del combustible llevó a que se aplicaran subsidios que desincentivaron la importación ilegal. Sin embargo, una vez que los precios se estabilizaron, la actividad del huachicol fiscal volvió a crecer.
Es importante destacar que esta problemática no solo afecta la recaudación fiscal del gobierno, sino que también impacta negativamente en la competencia justa dentro del mercado energético. Los empresarios legítimos se ven en desventaja al tener que competir con precios artificialmente bajos provenientes de la importación ilegal.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades refuercen los mecanismos de control y vigilancia en las aduanas para prevenir la introducción ilegal de combustibles al país. Asimismo, se requiere una mayor coordinación entre el sector público y privado para combatir esta práctica que atenta contra la legalidad y el desarrollo económico del país.
En conclusión, el problema del huachicol fiscal representa un desafío importante para la industria energética en México, que requiere de acciones contundentes por parte de las autoridades para combatir esta práctica ilegal y garantizar una competencia justa en el mercado de combustibles. La transparencia, la vigilancia y la aplicación efectiva de la ley son herramientas fundamentales para erradicar esta problemática y promover un sector energético sólido y confiable.
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