Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 28.03.2024
El Congreso peruano ha vuelto a poner en el centro del debate el tema de los retiros de fondos de las AFP, esta vez aprobando un nuevo retiro por hasta cuatro UIT, aproximadamente S/20,600. Esta medida, que sería el séptimo retiro desde el 2020, ha generado controversia por distintas razones.
En primer lugar, la aprobación de este retiro se ha dado de forma aislada, dejando de lado el necesario debate sobre una reforma integral del sistema de pensiones. A pesar de formar parte de un predictamen más amplio, los legisladores optaron por separar esta medida popular y aprobarla individualmente, sin abordar los problemas estructurales del sistema previsional.
Además, la justificación dada para este nuevo retiro, la recesión económica, ha sido cuestionada por diversos sectores. Expertos en la materia señalan que esta medida beneficiará mayoritariamente a personas de ingresos altos o que se encuentran actualmente trabajando, lo que contradice el supuesto objetivo de aliviar la situación económica de quienes más lo necesitan.
Otro punto de controversia es la eliminación de la condición inicial de que el retiro esté destinado a personas desempleadas. Con esta modificación, cualquier afiliado con fondos en su AFP, independientemente de su situación laboral, podría acceder a este retiro. Sin embargo, se estima que un porcentaje significativo del monto retirado se concentraría en la población de mayores ingresos, lo que pone en duda la verdadera finalidad de la medida.
Lo más preocupante de esta situación es que, una vez más, se prioriza el camino fácil de aprobar nuevos retiros de fondos en lugar de abordar la reforma integral del sistema de pensiones. A lo largo de los años, los parlamentarios han evitado discutir las transformaciones necesarias para garantizar un sistema de pensiones justo y sostenible, que incluya a toda la población y asegure una pensión digna para los afiliados.
Esperemos que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y su equipo económico evalúen detenidamente las implicancias de esta decisión y exhorten al Congreso a retomar el debate sobre la reforma del sistema de pensiones. Es fundamental que se tomen medidas concretas para evitar que el sistema privado de pensiones se vea comprometido por decisiones apresuradas y populistas que no abordan los problemas de fondo. La estabilidad financiera y la protección de los derechos de los trabajadores jubilados son aspectos cruciales que deben ser prioritarios en la agenda legislativa.
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