Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 20.03.2024
En los últimos años, se ha evidenciado un creciente obstáculo para el desarrollo de proyectos mineros en el Perú: la burocracia y la excesiva regulación. Un informe del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que los procesos administrativos que enfrenta un proyecto minero se han disparado de 12 a 265 en tan solo 20 años.
Esta situación ha generado un retraso significativo en la aprobación y puesta en marcha de proyectos mineros, lo que a su vez ha impactado negativamente en la inversión privada, clave para la reactivación económica. A pesar de que la minería ha sido históricamente un motor de crecimiento en el país, la inversión privada en este sector cayó del 20% al 14% del Producto Bruto Interno (PBI) entre el 2013 y el 2023.
El informe también destaca la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables de los informes técnicos, la ausencia de una plataforma digitalizada para el seguimiento de los procesos y la falta de indicadores estandarizados para evaluar el avance de los trámites. Todo esto evidencia la necesidad de una reorganización y modernización del sistema administrativo en el sector minero.
Otro aspecto preocupante es la competencia desigual entre la minería formal e informal, siendo esta última la que ocupa una gran extensión de territorio y genera impactos ambientales y económicos negativos. A pesar de los esfuerzos de formalización, la mayoría de los mineros informales continúan en la ilegalidad debido a los altos costos y requisitos para su legalización.
Ante esta problemática, se plantea la necesidad de implementar medidas audaces y efectivas para agilizar los procesos de aprobación de proyectos mineros. Una propuesta interesante es otorgar un silencio administrativo positivo a los diez mejores proyectos que cumplan con la normativa, como forma de acelerar su aprobación y fomentar la competencia en un grupo selecto de iniciativas.
Además, urge abordar temas pendientes como la formalización de la minería informal, la reconciliación entre la minería y las comunidades, el uso efectivo de los recursos del canon para el beneficio local y la gestión ambiental responsable en el sector minero.
En definitiva, es imperativo que el gobierno tome acciones concretas para simplificar los procesos, reducir la burocracia y promover un entorno favorable para la inversión en el sector minero. De lo contrario, el país corre el riesgo de frenar su potencial de crecimiento y desarrollo económico.
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