Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 16.03.2024
En una decisión que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores, el Pleno del Congreso aprobó la derogación de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, la cual establecía acciones para combatir la criminalidad asociada a la minería ilegal en el país. Esta medida ha sido duramente cuestionada por importantes gremios empresariales y productivos, que han manifestado su rechazo y han solicitado al Congreso y al Poder Ejecutivo revisar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería.
En una conferencia de prensa realizada ayer, representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales expresaron su preocupación ante esta decisión.
Para Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, es fundamental que el Poder Ejecutivo observe esta decisión del Congreso, especialmente en un contexto donde la promoción de inversiones es crucial para la reactivación económica. Gobitz hizo hincapié en que la derogación afecta principalmente a los mineros ilegales, que a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), se mantienen en la ilegalidad, llegando incluso a actividades criminales.
Por su parte, Diego Zegarra, vicepresidente del IIMP, señaló que el proceso de formalización, basado en el REINFO, presenta un alto porcentaje de inscritos en condición de suspendidos, lo que evidencia las dificultades para lograr una formalización efectiva. Zegarra destacó que la minería ilegal tiene impactos negativos en diversos aspectos, incluyendo la deforestación y la evasión de impuestos.
Los gremios también hicieron hincapié en el impacto económico de la minería ilegal, señalando que la actividad ilegal genera importantes ganancias y fomenta la financiación de actividades ilícitas, incluyendo el posible apoyo a agrupaciones políticas. Asimismo, se alertó sobre la pérdida de ingresos fiscales y el perjuicio a diversas actividades económicas y productivas del país.
Ante esta situación, se espera que las autoridades revisen esta decisión y se fortalezcan las medidas para combatir la minería ilegal. Los representantes de los gremios han expresado su intención de emitir un comunicado formal y solicitar una reunión con el presidente del Consejo de Ministros para abordar este tema de vital importancia para el país.
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