
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Economía y Finanzas 16.03.2024
La reciente decisión del Congreso de la República de derogar una disposición del Decreto Legislativo 1607 ha generado un fuerte debate en el sector minero del Perú. La medida, que ha sido criticada por diversos sectores empresariales, ha provocado preocupación sobre el impacto que podría tener en la lucha contra la minería ilegal en el país.
La disposición derogada permitía a la Policía Nacional del Perú intervenir a mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que utilizaban explosivos sin la autorización correspondiente, una práctica común en la minería ilegal. Además, se estableció un plazo para que los mineros inscritos presentaran la documentación necesaria para regularizar su situación.
Sin embargo, la aprobación del proyecto para anular esta disposición ha generado controversia, ya que se considera que limita la capacidad de las fuerzas del orden para combatir la minería ilegal, que se ha convertido en una de las principales economías criminales en el país, superando incluso al narcotráfico.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha expresado su rechazo a la derogatoria, argumentando que esta medida podría fomentar la minería ilegal. Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha manifestado su preocupación por el retroceso en la lucha contra esta actividad ilícita.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha señalado que respetará la decisión del Congreso, pero ha destacado que continuará trabajando en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, se ha anunciado la elaboración de un nuevo proyecto de ley para la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de impulsar su formalización.
Entre las propuestas para combatir la minería ilegal se encuentran la implementación de un sistema de trazabilidad del oro, el control del transporte de minerales y la recuperación del manejo de la formalización minera a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
Expertos han advertido sobre el riesgo de que la derogatoria pueda favorecer un aumento de la minería ilegal, ya que nuevos infractores podrían aprovechar el vacío legal para evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, es fundamental analizar detenidamente las implicaciones de esta medida y tomar medidas efectivas para combatir la minería ilegal en el país.
La minería ilegal representa un grave problema en el Perú, movilizando grandes sumas de dinero y afectando no solo la economía, sino también el medio ambiente y la seguridad nacional. Es necesario adoptar medidas contundentes y coordinadas entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto para enfrentar este desafío y garantizar un desarrollo minero sostenible en el país.
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