Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Economía y Finanzas 12.03.2024
En medio de un contexto de incertidumbre y desafíos, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para la población peruana. Mientras el Gobierno se encuentra inmerso en estrategias que parecen no surtir efecto y ministros que son cuestionados por su inoperancia, las calles del país se tiñen de miedo y violencia.
La administración de la presidenta Dina Boluarte, que inicialmente había centrado la atención en la gestión del fenómeno de El Niño, ahora se ve obligada a hacer frente a dos grandes pendientes: la economía y la seguridad ciudadana. En el ámbito económico, si bien se han observado algunos indicadores que apuntan a una incipiente recuperación, la situación no es del todo clara y existen dudas sobre la efectividad de las políticas implementadas.
Sin embargo, es en el tema de la seguridad ciudadana donde la preocupación alcanza su punto más álgido. Una reciente encuesta reveló que solo uno de cada siete peruanos se siente seguro en su ciudad, una cifra que se reduce aún más entre las mujeres y en la capital, Lima, donde el 92% de la población se declara insegura.
La escalada de violencia se hace cada vez más evidente con asesinatos a plena luz del día, secuestros, extorsiones y ataques violentos que se han vuelto parte del paisaje cotidiano. El reciente episodio en Puente Piedra, donde se registraron siete asesinatos en menos de 24 horas, es solo un ejemplo de la cruda realidad que enfrentan los ciudadanos.
La falta de acción por parte del Gobierno ha sido motivo de críticas, especialmente en lo que respecta al Ministerio del Interior, liderado por Víctor Torres, quien ha sido cuestionado por su falta de reacción ante la creciente ola de crímenes. La pasividad del Ejecutivo ha llevado al Congreso a iniciar procesos de censura contra Torres, señalando el fracaso en la lucha contra la inseguridad y otras deficiencias en la gestión de la seguridad ciudadana.
Es evidente que el miedo se ha apoderado de la población, sin distinción de regiones, edades o niveles socioeconómicos. La falta de liderazgo y determinación para abordar este problema de manera efectiva corre el riesgo de agravar aún más la situación, con consecuencias impredecibles para la sociedad peruana.
Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas contundentes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin un cambio de rumbo y una estrategia clara y coordinada, el temor seguirá siendo una constante en las calles del país, con un impacto devastador en la vida de miles de peruanos. La seguridad ciudadana no puede ser un tema postergado o ignorado, es un derecho fundamental que debe ser protegido por las autoridades competentes.
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