
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Economía y Finanzas 06.03.2024
La Contraloría General de la República ha revelado un preocupante hallazgo: transacciones irregulares por un monto que supera los S/ 16 mil millones en contrataciones públicas realizadas por el gobierno nacional, regional y local en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023.
Durante su participación en la sesión descentralizada de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, llevada a cabo en el distrito de Mochumí, el contralor Nelson Shack expuso que, de los más de 6,600 informes de control ejecutados y publicados en relación con las contrataciones públicas, se identificaron a 13,000 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.
En específico, Shack detalló que, tan solo en el año 2023, de los S/ 58 mil 306 millones gastados por el Estado peruano en contrataciones, S/ 19 mil 304 millones se encontraban fuera de la Ley de Contrataciones, mientras que solo S/ 27 mil 004 millones se utilizaron conforme a dicha normativa.
Además, se destacó que en promedio participa solo un proveedor en los procesos de selección de obras, servicios y consultorías de obras, y solo dos en la adquisición de bienes, lo que, según la Contraloría, refleja la existencia de prácticas poco transparentes en estas licitaciones.
El contralor Shack hizo un llamado a revisar las normativas vigentes y a implementar medidas que promuevan la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas. Asimismo, propuso la inclusión de nuevas estrategias y beneficios que garanticen una gestión más eficiente y honesta en este ámbito, con el objetivo de combatir la corrupción y asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado.
Ante este panorama, la sociedad civil y las autoridades competentes deberán trabajar de manera coordinada para investigar a fondo las irregularidades detectadas y tomar las medidas correctivas necesarias para fortalecer los sistemas de control y fiscalización en el país. La lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas se presenta como un desafío impostergable para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión gubernamental.
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