
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Economía y Finanzas 29.02.2024
En una reciente jornada de reflexión sobre el rol de los gremios y su influencia en el progreso del país y de los peruanos, se abordaron temas cruciales que impactan directamente en la estabilidad y el desarrollo de la nación. Entre las preocupaciones compartidas por líderes empresariales destacan el bajo crecimiento económico, la baja legitimidad de las autoridades y el escaso apoyo a la democracia.
Uno de los puntos resaltantes durante el encuentro fue la percepción generalizada de que para una gran parte de la población peruana, el gobierno actual no marca una diferencia significativa en su calidad de vida. Esta sensación de irrelevancia estatal genera desapego hacia la democracia y abre la puerta a candidaturas populistas que ofrecen soluciones simplistas a problemas estructurales de la economía.
En este contexto, se planteó la importancia de identificar iniciativas dentro de los gremios que tengan un impacto positivo y significativo en la vida de las personas, especialmente en aquellas comunidades donde la intervención estatal se percibe como ineficaz.
Un ejemplo destacado en este sentido es el sector asegurador, el cual tiene la capacidad de brindar protección financiera a familias, empresas y gobiernos frente a eventos que puedan poner en riesgo su estabilidad económica. Si bien tradicionalmente se asocia el seguro con la protección de bienes y la salud de individuos, aún no se ha tomado conciencia del potencial del seguro para proteger a la población vulnerable ante catástrofes como pandemias, terremotos o inundaciones.
En este sentido, se resaltó la importancia de dos políticas públicas clave para reducir la vulnerabilidad de la población. La primera se relaciona con la protección de activos públicos que proveen servicios esenciales a la ciudadanía, como colegios, hospitales y carreteras. La segunda política está vinculada a la protección del activo privado más importante de los ciudadanos: su vivienda.
En el caso de los activos públicos, se señaló la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas implemente herramientas financieras que permitan asegurar estos bienes ante desastres de gran magnitud, evitando así problemas de financiamiento en caso de reconstrucción.
Por otro lado, se puso de manifiesto la importancia de contar con seguros que garanticen una rápida indemnización a quienes pierdan sus viviendas en situaciones como la provocada por el ciclón Yaku, evitando así demoras en la entrega de ayuda y ofreciendo una solución efectiva a los damnificados.
Estas iniciativas no solo tienen un impacto directo en la vida de la población vulnerable al brindarles protección frente a eventos catastróficos, sino que también contribuyen a legitimar la labor de las autoridades al demostrar eficacia en la resolución de problemas concretos. En un momento en el que la confianza en las instituciones se encuentra en entredicho, acciones concretas como estas pueden marcar la diferencia en la percepción de la ciudadanía sobre el rol del Estado y su capacidad para proteger a los más vulnerables.
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