Protestas ilegales en la mina Cobre Panamá obstaculizan su capacidad de procesamiento, afectando a miles de trabajadores y generando pérdidas millonarias.

Protestas ilegales en la mina Cobre Panamá obstaculizan su capacidad de procesamiento, afectando a miles de trabajadores y generando pérdidas millonarias.

La mina de cobre Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, ha reducido su capacidad de procesamiento debido a protestas y bloqueos ilegales en su puerto. Estas acciones han afectado la entrega de suministros y la carga de concentrado de cobre en los buques. Aunque no se especificó el impacto exacto, esta disminución podría tener consecuencias tanto directas como indirectas, afectando a más de 7,000 colaboradores y contratistas, así como a otras 40,000 personas de forma indirecta. Las protestas comenzaron hace tres semanas en Panamá, impulsadas por la renovación de la concesión de la mina. Los manifestantes argumentan que el contrato ley es inconstitucional y perjudicial para el Estado. Tanto el Gobierno como el Parlamento esperarán el dictamen de la Corte Suprema. Estas protestas han tenido un impacto significativo en la economía panameña, con pérdidas diarias estimadas entre 70 y 90 millones de dólares. Además, se han reportado cuatro muertes y más de mil arrestos.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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La mina de cobre Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, ha reducido su capacidad de procesamiento debido a protestas y bloqueos ilegales en su puerto, según informó Minera Panamá, la concesionaria encargada de la mina. Estas acciones ilegales han afectado la entrega de suministros y han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques. Aunque no se especificó el impacto exacto en toneladas, esta disminución en la actividad podría tener consecuencias tanto directas como indirectas, afectando a más de 7,000 colaboradores y contratistas, así como a otras 40,000 personas de forma indirecta. Estas protestas comenzaron hace tres semanas en Panamá, impulsadas por la renovación de la concesión de la mina. Los manifestantes argumentan que el contrato ley que respalda la concesión es inconstitucional y perjudicial para el Estado desde el punto de vista económico y medioambiental. Tanto el Gobierno como el Parlamento han expresado que esperarán el dictamen de la Corte Suprema sobre el asunto. Mientras tanto, los sindicatos de docentes y de la construcción insisten en que el contrato ley sea derogado por el Parlamento. Estas protestas han tenido un impacto significativo en la economía panameña, con pérdidas diarias estimadas entre 70 y 90 millones de dólares. Además, se han reportado cuatro muertes y más de mil arrestos en el marco de las manifestaciones, y la Policía ha sido señalada por el supuesto uso excesivo de la fuerza.
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