Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Andrés Góngora, un agricultor de Almería que cultiva sandías y melones, ha experimentado una temporada de verano llena de incertidumbres y cambios bruscos en los precios de sus productos. "Ha sido una locura", dice, reflejando la volatilidad que ha caracterizado al sector agrícola en los últimos tiempos. A pesar de haber empezado la campaña con precios bajos, en cuestión de días, los valores pueden fluctuar hasta un 50%. Esta oscilación es especialmente desconcertante para un producto que, por lo general, no es tan perecedero como otros, lo que agrega más presión a un agricultor que ya enfrenta una situación económica complicada. El incremento de los costos de producción es uno de los factores que más preocupa a los agricultores y ganaderos. Los datos del Ministerio de Agricultura son reveladores: mientras que la producción final agraria ha crecido un 47% en la última década, los gastos en medios de producción han superado el 50%. Esto indica que, aunque los agricultores producen más, también están invirtiendo cada vez más para sostener sus explotaciones. La situación se agrava aún más con la reducción del empleo en el sector agrario, que ha caído por debajo del millón de trabajadores, un hito negativo inédito en el siglo XXI. Según el catedrático Dionisio Ortiz, este fenómeno no es nuevo y está enraizado en la llamada "farm problem", que sugiere que los precios de los alimentos aumentan a un ritmo más lento que los costos de producción. Esta situación, combinada con un clima cambiante y cada vez más errático, agudiza la volatilidad de los precios tanto en los insumos como en los productos agrícolas. Esta inestabilidad no solo afecta a los productores, sino que también genera incertidumbre en los consumidores, quienes ven cómo los precios de la cesta de la compra se disparan. Detrás de esta problemática hay un fenómeno de concentración en el sector agrícola. Un grupo reducido de gigantes multinacionales controla gran parte de la cadena de suministro, desde semillas hasta maquinaria. Empresas como Cargill y Bunge dominan el mercado, lo que les otorga un poder significativo para influir en los precios. Un informe de IPES Food destaca que estas empresas controlan hasta el 78% del mercado agroquímico y el 72% de los medicamentos para animales. Este oligopolio en la producción y distribución agraria agrava aún más la situación de los agricultores, quienes ven cómo sus márgenes de ganancia se estrechan ante la presión de los precios fijados por estos gigantes. La reciente adquisición de Viterra por parte de Bunge, por 7.600 millones de euros, ilustra cómo estas corporaciones continúan consolidándose. La Comisión Europea autorizó la operación en un tiempo récord, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de escrutinio en la forma en que estas multinacionales determinan los precios. Los críticos argumentan que esta concentración puede llevar a un mayor control sobre los precios, lo que resulta en un círculo vicioso que favorece a las grandes empresas a expensas de los pequeños productores. En el contexto español, la situación se complica aún más. La gran distribución, representada por cadenas como Mercadona y Carrefour, fija los precios en el campo, lo que limita la capacidad de los agricultores para obtener una rentabilidad justa. Las exigencias de estos grandes compradores impactan directamente en las decisiones de los agricultores, que se ven obligados a replantear sus cultivos y adaptarse a un mercado que no les favorece. Ante este escenario, muchos agricultores optan por abandonar tierras de menor calidad o diversificar sus cultivos para mitigar riesgos. Sin embargo, esto no es suficiente. Los costos de producción siguen siendo altos, y la presión sobre los precios de la mano de obra y los insumos se mantiene. La situación es crítica para sectores como el vino, donde los viticultores se enfrentan a precios que no compensan sus costos, llevando a un desánimo en un sector que ha sido tradicionalmente un pilar de la agricultura española. A pesar de las adversidades, el sector cooperativo se presenta como una alternativa viable. Con más de 3.700 cooperativas en el país y una facturación superior a los 40.000 millones de euros, este modelo permite a los agricultores unir fuerzas y negociar colectivamente. Cooperativas como AN y Dcoop están dando pasos significativos para contrarrestar la concentración del mercado, ofreciendo a sus socios mejores precios y condiciones de acceso a recursos. Sin embargo, el mundo cooperativo no está exento de críticas. Algunos líderes agrarios consideran que las cooperativas deben centrarse más en la comercialización y en la búsqueda de fórmulas que favorezcan a los pequeños agricultores, en lugar de enfocarse en trámites burocráticos o en la captación de ayudas. La necesidad de adaptación y respuesta a las dinámicas del mercado es crucial si se quiere asegurar la viabilidad del campo español. En conclusión, la interconexión entre los grandes grupos multinacionales, la volatilidad de los precios y la presión en los costos de producción han generado un panorama complicado para los agricultores. Si bien las cooperativas ofrecen una alternativa, es evidente que se deben implementar estrategias más efectivas para garantizar un futuro sostenible y rentable para el sector agrícola, que es fundamental no solo para la economía, sino también para la seguridad alimentaria del país.