Carlos Tatay y la indiferencia de federaciones y seguros ante las lesiones medulares en deportistas

Carlos Tatay, un joven piloto de 20 años, ha puesto de manifiesto una grave problemática que afecta a muchos deportistas en España: el abandono en la atención a los atletas lesionados. Su historia comenzó en julio de 2023, cuando un accidente durante una carrera del Europeo de Moto2 lo dejó parapléjico. Desde entonces, el camino hacia su recuperación se ha visto obstaculizado por la falta de apoyo de las instituciones deportivas y sus seguros, que se han desentendido de su situación, pasándose la responsabilidad de un lado a otro.

Tatay no es un caso aislado. Varios deportistas, todos con lesiones medulares, han denunciado que las federaciones y aseguradoras han eludido su responsabilidad en la cobertura de gastos sanitarios y de rehabilitación. A pesar de que la ley establece que los deportistas federados deben recibir 18 meses de asistencia sanitaria y una indemnización tras una lesión, la realidad es que muchos se encuentran luchando solos contra un sistema que parece ignorar sus necesidades.

La legislación actual, que data de 1993, estipulaba una indemnización de 12.000 euros, una cifra irrisoria para afrontar los costos derivados de lesiones severas. Adrián Márquez, un gimnasta de 22 años que también sufrió una grave caída, ha señalado que esta cantidad no es suficiente ni siquiera para adquirir una silla de ruedas. A pesar de que su póliza ofrece una indemnización algo mayor, de 18.500 euros, la cifra sigue siendo insuficiente frente a la carga económica que conllevan las lesiones de este tipo.

La reciente modificación de la Ley del Deporte, que equipara los accidentes deportivos a los de tráfico, prometía una mejora. Sin embargo, las federaciones todavía no han implementado estas nuevas disposiciones, alegando la necesidad de reglamentaciones más claras. Manuel Casado, presidente de la Real Federación Motociclista Española (RFME), ha expresado su preocupación y la “inquietud” de las federaciones por la falta de directrices concretas sobre las indemnizaciones.

El caso de Tatay ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema. Tras su operación y repatriación a España, no logró obtener la asistencia sanitaria adecuada, ya que su seguro se desentendió de su rehabilitación. Según el presidente de la RFME, la responsabilidad recae en la federación autonómica, que a su vez remite a la federación nacional, creando un laberinto de incompetencias que ha dejado a los deportistas desamparados.

A la situación se suma el hecho de que muchos deportistas que lograron recibir la cobertura durante los primeros 18 meses se encuentran en una situación de abandono una vez que este periodo finaliza. Kenny Noyes, quien sufrió una grave caída hace años, lamenta que tras recibir una indemnización que apenas cubre sus gastos básicos, ha tenido que recurrir al micromecenazgo para poder seguir con su tratamiento.

La falta de claridad sobre cómo se deben calcular las indemnizaciones es otro de los problemas que agravan la situación. Aunque la Ley del Deporte establece que deben seguir un baremo que considera la gravedad de las lesiones, las federaciones aún no lo aplican, lo que ha llevado a que los deportistas se enfrenten a una lucha legal para que se reconozcan sus derechos.

Las consecuencias de esta falta de acción pueden ser devastadoras. Con un coste de 115.000 euros solo por su estancia en un hospital especializado, Tatay se encuentra en una situación crítica. La necesidad de financiamiento para su rehabilitación es apremiante, y los 3.500 euros mensuales que requiere para continuar su tratamiento son una carga que no puede asumir sin apoyo externo.

El desinterés de las federaciones ha llegado al punto de que algunos deportistas se sienten obligados a buscar ayuda económica entre amigos y desconocidos. La comunidad ha respondido, pero es evidente que la responsabilidad debería recaer en las instituciones que los representan y los aseguradores que deberían protegerlos.

A medida que la situación avanza, Tatay y otros deportistas afectados esperan que sus denuncias no caigan en oídos sordos. “Quiero que haya un antes y un después”, clama Tatay, reivindicando cambios fundamentales en un sistema que debe garantizar la salud y bienestar de quienes arriesgan sus vidas por el deporte. La presión sobre el Consejo Superior de Deportes para renovar la legislación y asegurar un sistema justo de indemnizaciones se torna más urgente que nunca.