
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Colombia se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia tras los recientes ataques que dejaron al menos 19 muertos y numerosos heridos. Este jueves, un atentado con explosivos contra una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero de la policía en Antioquia han sido atribuidos a las disidencias de las FARC, específicamente al Estado Mayor Central (EMC) y al Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Estos hechos marcan uno de los días más trágicos en la historia reciente del país y ponen en evidencia la complejidad del conflicto armado que persiste a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.
El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, describiendo la jornada como un “día de muerte en Colombia”. Desde el gobierno, se declaró la responsabilidad de los ataques a los disidentes, señalando que el EMC, liderado por alias Iván Mordisco, fue el autor del atentado en Cali, mientras que el EMBF, bajo el mando de alias Calarcá, se adjudicó el derribo del helicóptero. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los eventos, ninguno de los grupos armados ha reivindicado oficialmente la autoría de los ataques.
La diferenciación entre el EMC y el EMBF es clave para entender la dinámica de la violencia en el país. La escisión de la disidencia en 2024 llevó a una fragmentación que ha permitido que estas facciones operen de manera relativamente autónoma, pero con un denominador común: la reivindicación de ser las “verdaderas FARC”. Según estimaciones, estos grupos suman alrededor de 3.500 miembros, lo que palidece en comparación con los más de 20.000 combatientes que las FARC alcanzaron en su apogeo en 2002.
Las disidencias han evolucionado desde su formación tras el acuerdo de paz de 2016, cuando algunos frentes decidieron no desmovilizarse. El EMC, por ejemplo, ha sido considerado como una red con una amplia estructura nacional que se alimenta de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Esta evolución ha resultado en una guerra abierta entre el Estado y el EMC, que se ha intensificado con cada ataque y represalia.
Gustavo Petro, quien llegó al poder con la promesa de buscar una “paz total”, ha enfrentado críticas sobre la eficacia de su enfoque. A pesar de haberse propuesto negociar con todos los grupos armados, incluidos los disidentes, los recientes acontecimientos ponen en tela de juicio la viabilidad de estas negociaciones. Después de la ruptura del cese al fuego en marzo de 2024, Petro suspendió el diálogo y acusó a Iván Mordisco de ser un “traqueto vestido de revolucionario”.
En contraste, el EMBF ha mantenido un perfil bajo y ha estado en una mesa de negociación con el gobierno, aunque el reciente ataque al helicóptero ha puesto en duda su capacidad de control y cohesión. El hecho de que esta facción, aunque más pequeña y con menos poder militar, pudiera llevar a cabo un ataque tan audaz, señala problemas internos que podrían complicar las negociaciones de paz.
La situación se ha vuelto aún más compleja con la inminente reunión entre el gobierno y el EMBF, que se había programado para este fin de semana, justo después de los ataques. Esto genera incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones y la posibilidad de que la violencia continúe marcando la pauta en la relación entre el Estado y estos grupos armados. La gobernadora del Valle y el gobernador de Antioquia han expresado su frustración con respecto a la estrategia del gobierno y han cuestionado la credibilidad de los diálogos en curso.
El caso de las disidencias de las FARC es un recordatorio de que, a pesar de los avances en el proceso de paz, el camino hacia la estabilidad en Colombia sigue siendo tortuoso. La lucha entre el EMC, el EMBF y el Estado refleja una realidad compleja, donde las motivaciones políticas, económicas y el narcotráfico se entrelazan en un conflicto que parece lejos de resolverse. Con cada ataque, la esperanza de una paz duradera se desvanece, y la población civil continúa pagando el precio más alto.
La comunidad internacional y los analistas observan con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días. La respuesta del gobierno, la capacidad de los grupos disidentes para organizarse y la voluntad de los líderes para llegar a un acuerdo serán factores determinantes en el futuro del país. En este contexto, la pregunta que queda es si Colombia podrá finalmente encontrar un camino hacia la reconciliación, o si el ciclo de violencia continuará alimentando un conflicto que ha durado más de cinco décadas.
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