Gobierno aprueba reforma histórica para garantizar derechos de personas con discapacidad

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad al aprobar un anteproyecto de reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Este anteproyecto busca adaptar la legislación española a los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los cambios recientes en el artículo 49 de la Constitución Española. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han presentado esta iniciativa en un intento por garantizar una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Una de las piezas clave de esta reforma es la obligación de realizar obras de accesibilidad en los edificios donde residan personas con discapacidad. Actualmente, se estima que alrededor de 100.000 personas mayores o con discapacidad están "encerradas" en sus hogares debido a problemas de accesibilidad. Para combatir esta situación, todas las administraciones competentes en vivienda deberán habilitar subvenciones y ayudas para facilitar estas obras, asegurando que la accesibilidad universal se convierta en un derecho subjetivo en lugar de un simple principio inspirador.

El anteproyecto también busca eliminar barreras que limitan el acceso a servicios de salud. Se prohíbe la discriminación en la contratación de seguros de salud y de vida, lo que representa un avance crucial hacia la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, se refuerza el derecho a la autonomía personal y a la inclusión en la comunidad, garantizando que las personas con discapacidad tengan voz y elección sobre sus vidas. Este enfoque se traduce en un compromiso por promover una imagen social positiva de las personas con discapacidad.

La educación inclusiva es otro de los pilares fundamentales del anteproyecto. Se establece que las personas con discapacidad recibirán los apoyos necesarios para interactuar de manera efectiva con el sistema sanitario y garantizar que se cumplan las condiciones de accesibilidad universal. Los incumplimientos en este aspecto podrán ser denunciados ante los tribunales, lo que refuerza la protección de estos derechos.

Para proporcionar recursos adecuados, se creará un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal que se financiará a través de diferentes fuentes. Este fondo tiene como objetivo sufragar medidas de accesibilidad en edificios y entornos públicos, una medida que busca garantizar que la normativa en materia de accesibilidad se implemente efectivamente. A pesar de contar con una legislación sólida, muchas de las disposiciones existentes han sido ignoradas por falta de recursos, por lo que este fondo representa una oportunidad para revertir esa realidad.

Entre las reformas más destacadas, se incluye un reconocimiento automático del 33% de discapacidad para aquellas personas que ya reciben una evaluación de dependencia. Esta medida busca simplificar el proceso y asegurar que los derechos de quienes dependen de otros para realizar actividades diarias sean debidamente reconocidos. Además, el anteproyecto permite a los usuarios del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia escoger sus apoyos sin miedo a ser sancionados si rechazan servicios que no se ajustan a sus necesidades.

El texto también enfrenta la problemática del capacitismo y la institucionalización, prohibiendo espectáculos que se burlen de las personas con discapacidad y estableciendo sanciones severas para quienes los realicen. De esta manera, se busca fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa, donde la dignidad de todas las personas sea fundamental.

En términos de atención a la dependencia, se eliminan algunos de los recortes más perjudiciales de la legislación anterior, permitiendo una mayor flexibilidad en la prestación de servicios. A partir de ahora, la ayuda a domicilio podrá incluir actividades de la vida diaria, como ir al médico o hacer la compra, lo que supone un avance en el apoyo a las personas dependientes y sus cuidadores.

La reforma también establece que la vivienda habitual de la persona dependiente no será considerada para calcular su capacidad económica, un cambio que busca reducir la carga del copago en los usuarios de residencias y que asegura que no se les exija una contribución excesiva por el simple hecho de poseer un hogar. Además, se introducirán mínimos exentos de copago que se revisarán anualmente, garantizando así una mayor equidad en el acceso a servicios de atención.

Finalmente, el anteproyecto insiste en la importancia de la formación y selección de personal en el ámbito de la atención a personas con discapacidad y mayores, exigiendo certificados de penales a todos los trabajadores de estos centros. Este punto es crucial para garantizar un entorno seguro y de confianza para todos los usuarios de estos servicios.

En resumen, la aprobación de este anteproyecto representa un avance significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en España. Con medidas concretas y un enfoque centrado en la accesibilidad, la inclusión y la dignidad, el Gobierno busca construir un futuro donde todas las personas, independientemente de su capacidad, puedan vivir de manera plena y autónoma.