Indecopi multa a Mapfre por discriminación por edad en seguros de viaje

La reciente decisión de Indecopi de multar a la aseguradora Mapfre con S/ 267,500 ha suscitado un intenso debate sobre la discriminación por edad en el acceso a servicios financieros, en este caso, seguros de viaje. La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) tomó esta determinación tras comprobar que la empresa discriminaba a personas mayores de 85 años en cinco de sus productos de seguros de viaje, lo que representa una clara violación de los derechos de los consumidores en el país.

La resolución emitida por Indecopi, identificada como 2256-2025/SPC-Indecopi, establece que la política de exclusión de Mapfre se basaba únicamente en la edad, sin un respaldo técnico que justificara esta limitación. Este tipo de restricciones generalizadas, según el organismo regulador, atenta contra el principio de no discriminación y el derecho de los consumidores a acceder a servicios de manera igualitaria, independientemente de su edad.

La denuncia fue realizada por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor, un grupo que ha estado trabajando arduamente para proteger a los consumidores de prácticas abusivas. La decisión de Indecopi no solo implica una sanción económica, sino que también establece un precedente importante para la industria de seguros en Perú, al reforzar la necesidad de fundamentar técnicamente cualquier política de exclusión que se desee implementar.

Durante el proceso, Mapfre no presentó pruebas suficientes que demostraran que su política de exclusión era proporcional y necesaria, lo que llevó a la SPC a considerar su postura como injustificada. Al no cumplir con la carga probatoria, la aseguradora se ha visto obligada a enfrentar consecuencias significativas que van más allá de la mera multa económica.

Una de las medidas correctivas más relevantes impuestas a Mapfre es la obligación de diseñar un nuevo seguro de viaje que incluya a las personas mayores de 85 años. Esta exigencia responde no solo a la necesidad de cumplir con la normativa vigente, sino también a un cambio necesario en la percepción sobre la inclusión de las personas mayores en el ámbito financiero.

Además, Mapfre debe presentar ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la documentación correspondiente para la comercialización de este nuevo producto. Esto garantiza que la aseguradora se ajuste a un marco regulatorio que permita un acceso equitativo a sus servicios, y así, evitar prácticas discriminatorias en el futuro.

La implementación de este nuevo seguro no solo tiene un impacto en la empresa, sino que también representa un beneficio directo para un segmento vulnerable de la población, que muchas veces es olvidado por las instituciones financieras. Este cambio puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, permitiéndoles viajar y disfrutar de experiencias que les son propias, sin el temor de ser excluidos por su edad.

Indecopi ha dispuesto que Mapfre debe reportar trimestralmente a la Comisión de Protección del Consumidor N°1 del organismo los avances en la implementación de estas medidas. Este seguimiento es crucial para asegurar que la aseguradora cumpla con los plazos establecidos y que el nuevo producto esté disponible en el mercado lo más pronto posible.

El caso de Mapfre y la sanción impuesta por Indecopi es un claro reflejo del creciente enfoque en la protección de los derechos de los consumidores en Perú. La decisión no solo sanciona a una empresa por sus prácticas discriminatorias, sino que también envía un mensaje a toda la industria sobre la importancia de la inclusión y la equidad en el acceso a productos y servicios.

A medida que avanza esta historia, será fundamental observar cómo Mapfre y otras aseguradoras reformulan sus políticas para adaptarse a un entorno donde el respeto por los derechos de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, se convierta en una prioridad. La inclusión no solo es un deber ético, sino también un imperativo legal que debe ser respetado por todas las empresas que operan en el país.