Debate sobre nueva norma de seguros de desgravamen y sus riesgos para familias peruanas

La reciente disposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha suscitado un intenso debate en el ámbito financiero del país. A partir de septiembre, el seguro de desgravamen solo será obligatorio para los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, mientras que para otros productos crediticios las entidades financieras deberán ofrecer al menos una alternativa que no requiera la compra obligatoria de esta cobertura. Esta normativa, aunque busca facilitar el acceso al crédito, trae consigo una serie de riesgos que han sido resaltados por los expertos en el tema. Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg), ha expresado su preocupación por la medida, señalando que la mayoría de los trabajadores en el país no cuentan con un empleo formal y, por ende, carecen de protección ante contingencias como el fallecimiento, la invalidez o la pérdida del empleo. Esta falta de resguardo puede poner en peligro su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras, lo que en última instancia puede llevar a situaciones de impago. Las afirmaciones de Morón son un llamado de atención a una realidad que no se puede ignorar. La suposición de que todos los peruanos están adecuadamente preparados para afrontar los riesgos financieros es, según él, una visión poco realista. Esta nueva normativa podría agravar la situación de vulnerabilidad de muchas familias, especialmente aquellas que ya se encuentran en un estado de precariedad económica. Las entidades financieras también son parte de este complejo escenario. Con la eliminación de la obligatoriedad del seguro de desgravamen, se incrementa el riesgo de impagos, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad de estas instituciones. Morón ha advertido que el desarrollo del crédito en segmentos considerados de alto riesgo ha sido posible gracias a la existencia de este tipo de seguros, los cuales han contribuido a la inclusión financiera en el país. Sin embargo, ahora esta mejora se ve amenazada. Es importante señalar que el impacto de esta norma no solo afecta a las entidades financieras, sino que golpea con mayor dureza a las familias de bajos recursos. Morón enfatiza que incluso las deudas pequeñas pueden convertirse en cargas impagables si el hogar ya atraviesa una crisis financiera. Ante esta realidad, la preocupación crece, pues las consecuencias de un impago pueden ser devastadoras para quienes carecen de un respaldo adecuado. Con la inminente entrada en vigor de la norma en seis meses, el foco debe centrarse en la sensibilización de los consumidores. Es esencial que los clientes sean informados de manera clara y precisa sobre los pros y contras de contratar un seguro de desgravamen. La educación financiera se convierte en una herramienta crucial para ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas que protejan sus intereses. Además, Morón ha destacado que existe la opción de los seguros de desgravamen con devolución, diseñados para aquellos que desean recuperar parte de la prima pagada. Sin embargo, esta alternativa necesita ser expuesta adecuadamente a los consumidores para que puedan evaluar si se ajusta a sus necesidades y circunstancias financieras. Esta situación plantea un dilema en el que se encuentran en riesgo tanto los consumidores como las entidades financieras. La regulación que busca facilitar el acceso al crédito puede convertirse en una trampa si no se implementan mecanismos adecuados que garanticen la protección de los individuos ante situaciones adversas. El futuro de esta normativa dependerá de cómo se maneje la comunicación y la educación financiera durante los próximos meses. Las instituciones, tanto del sector asegurador como del financiero, tienen la responsabilidad de colaborar en la creación de un entorno donde los consumidores estén plenamente conscientes de los riesgos que asumen al contraer deudas sin la protección adecuada. Si se logra esto, tal vez se pueda mitigar el impacto negativo que la nueva disposición podría tener sobre las familias peruanas.