Recortes al sistema de salud infantil en México generan alarma y críticas expertas

Durante el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sistema de salud pública en México experimentó recortes significativos que han generado preocupación y críticas por parte de expertos y defensores de la salud infantil. Según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aplicaron recortes al presupuesto de institutos de salud estratégicos que superan los 11 mil millones de pesos, afectando directamente la atención médica de los niños, el combate al VIH, el cáncer de mama y la planificación familiar. El impacto más notable se registró en el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, que sufrió un recorte impactante de 9 mil millones de pesos, llevando su presupuesto de 14 mil 121 millones a solo 5 mil 50 millones, lo que representa una reducción del 64%. Esta institución es crucial, ya que se encarga de establecer, difundir y evaluar las políticas nacionales en materia de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, incluyendo la vacunación de toda la población del país. En un contexto donde el presidente López Obrador había prometido un sistema de salud que rivalizara con el de Dinamarca, los recortes a la salud infantil han levantado alarmas sobre las prioridades del gobierno en su etapa final. Además, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, encargado de abasto de antirretrovirales y promoción de la salud sexual, también se vio afectado, reduciendo su presupuesto de 551 millones de pesos a 493.8 millones, un recorte del 10.5%. Por su parte, el Centro de Control de Enfermedades, Equidad de Género y Salud Reproductiva sufrió un recorte del 52%, con un presupuesto que pasó de 2 mil 538 millones a 1 mil 203 millones de pesos. Esta dependencia es fundamental para la implementación de políticas sobre planificación familiar, salud sexual y reproductiva, así como para la prevención de enfermedades como el cáncer cervicouterino. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades también se vio afectado, con una reducción del 43.5% en su presupuesto para 2024, recibiendo solo mil 398 millones de pesos. Esta institución es responsable de llevar a cabo programas de prevención de enfermedades que son cruciales para la salud pública, como el control de la rabia y otras zoonosis. Mientras tantos recortes impactan de manera negativa a los institutos de salud, se evidencia un contraste alarmante con la manera en que se han manejado los proyectos de infraestructura durante el mismo periodo. Las megaobras del sexenio, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, han recibido un trato privilegiado por parte del gobierno, aumentando su presupuesto en cifras exorbitantes. Por ejemplo, el Corredor Interoceánico excedió en más de un 80% su gasto programado, lo que plantea cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno. La situación se torna aún más crítica al observar que, a la par de los recortes en salud, otras dependencias como Litio México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo han visto aumentos significativos en sus presupuestos. Litio México, por ejemplo, recibió un 65% más de recursos, mientras que el fondo que participa en el Tren Maya pasó de 866 millones a ejercer 115 mil millones, una diferencia abrumadora que subraya una posible desatención hacia la salud pública en favor de grandes proyectos de infraestructura. Este contexto plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la salud de la población más vulnerable, especialmente los niños. Los recortes en áreas vitales de atención médica, en contraste con el aumento en inversiones para megaobras, sugieren un enfoque desbalanceado que podría tener repercusiones a largo plazo en la salud pública del país. Con estos recortes, México se enfrenta a un desafío crítico en su sistema de salud, especialmente en el contexto de una población infantil que requiere atención oportuna y de calidad. La falta de inversión en salud pública puede resultar en un aumento de enfermedades prevenibles y un deterioro en la calidad de vida de millones de mexicanos, lo cual no sólo es preocupante desde un punto de vista ético, sino también desde el ámbito de la justicia social y equidad en el acceso a la salud. La situación exige una reflexión profunda acerca de las prioridades gubernamentales y un compromiso renovado hacia la salud pública, sobre todo en el ámbito infantil, donde los cimientos del futuro de la nación están en juego. La salud de los niños no debería ser una variable en un presupuesto, sino una prioridad innegable que exige atención y recursos adecuados para garantizar un desarrollo saludable y pleno.