Congreso bajo sospecha: revelan irregularidades en afiliación a seguros de salud

Congreso bajo sospecha: revelan irregularidades en afiliación a seguros de salud

El Congreso enfrenta escándalo por afiliaciones irregulares a seguros de salud públicos. Revelan mal manejo de fondos y falta de transparencia. Urge sanciones ejemplares y medidas para restaurar confianza en las instituciones públicas.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Seguros 04.06.2024
El Congreso de la República se encuentra en el ojo de la tormenta tras la revelación de una serie de irregularidades en la afiliación a seguros de salud subvencionados con fondos públicos. Según un informe periodístico que ha salido a la luz recientemente, trabajadores administrativos del Legislativo han sido señalados por incluir en la lista de asegurados a personas que no mantienen ningún tipo de vínculo laboral con el Parlamento, lo que ha generado un gasto significativo para el Estado. Ante estas graves acusaciones, el Congreso emitió un comunicado en el que reconoce la existencia de casos en los que se detectó que personas estaban gozando de seguro médico privado a pesar de no contar con un contrato laboral vigente. Además, se encontró incluso a personas afiliadas que no estaban prestando servicios en el Parlamento, lo cual levanta serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En un intento por mostrar acciones contundentes ante esta situación, la Presidencia del Congreso de la República ha solicitado al procurador de la institución que presente una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra los trabajadores del Área de Seguros que estarían involucrados en estos casos de presunta corrupción. Asimismo, se ha solicitado el inicio de procedimientos administrativos internos contra los responsables. De acuerdo con la investigación realizada por el canal de televisión Latina, se pudo determinar que al menos 15 trabajadores del Congreso, que fueron despedidos entre los años 2020 y 2023, seguían siendo beneficiarios de la cobertura del seguro de salud de la empresa Rímac, junto con sus hijos y parejas, hasta diciembre de 2023. Esta situación irregular representó un gasto de S/ 546,841 al Estado, de los cuales se logró recuperar S/ 380,396 a través de gestiones con la aseguradora. Uno de los casos que más llama la atención es el de Judith Uceda Hidalgo, quien ha estado laborando en el Parlamento desde el 2011 y que, sin embargo, habría estado asegurando a sus padres desde abril de 2019 hasta diciembre de 2023, sin que se efectuaran los descuentos correspondientes de su planilla. Esta situación plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en la institución. Otro caso detectado es el de la afiliación de una suboficial en retiro, acompañada de sus tres hijos, quienes nunca habrían prestado servicios al Congreso. Estas revelaciones ponen en entredicho la ética y la legalidad en la gestión de los recursos públicos destinados a la salud de los trabajadores del Legislativo, y evidencian la urgencia de implementar medidas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas del Estado. Ante esta situación, es fundamental que se realice una exhaustiva investigación para identificar a todos los responsables de estas irregularidades y que se apliquen las sanciones correspondientes, tanto a nivel administrativo como penal, para evitar que este tipo de prácticas se repitan en el futuro. La ciudadanía espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y firmeza para restablecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado en beneficio de la población. La transparencia y la honestidad son valores fundamentales que deben regir la gestión de cualquier entidad, y es responsabilidad de todos velar por su cumplimiento en aras de fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
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