Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Seguros 19.03.2024
En los últimos meses, miles de abogados y procuradores mutualistas han alzado su voz para denunciar las pensiones "irrisorias y penosas" que están recibiendo, luego de optar por rescatar sus fondos a través de la renta vitalicia. Esta situación ha generado preocupación e indignación en un colectivo que ve comprometida su calidad de vida en la etapa de jubilación.
Entre los afectados se encuentran personas como Amparo Pi Costa y Inmaculada Fajardo, quienes han expresado sentirse estafadas por las entidades aseguradoras, al percibir pensiones mensuales significativamente inferiores a lo que esperaban y necesitan para cubrir sus gastos básicos. Estas abogadas, con décadas de experiencia en la profesión, se ven obligadas a continuar trabajando más allá de la edad de jubilación, a pesar de anhelar un merecido descanso.
La renta vitalicia, una de las formas de retirar los fondos de las mutualidades, se ve afectada por cálculos actuariales que consideran la esperanza de vida de los beneficiarios. Esto ha llevado a que las mujeres, que en promedio viven más que los hombres, reciban pensiones menores en comparación.
Isabel Rabell, abogada y portavoz de los afectados por Alter Mutua, destaca la falta de transparencia en la información proporcionada por las mutualidades, señalando que muchos de los afectados desconocían los detalles del cálculo de sus pensiones y se sintieron engañados al descubrir la realidad de sus prestaciones.
El Movimiento J2 ha tomado acción y ha exigido al Gobierno la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para permitir el traspaso de fondos de seguros privados al sistema público, una medida que ha sido parcialmente aceptada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Sin embargo, las soluciones propuestas no han sido del todo satisfactorias para los afectados, quienes continuarán presionando en busca de una respuesta más amplia y justa.
En medio de este panorama, queda en evidencia la necesidad de una mayor regulación y protección para los trabajadores que confían en las mutualidades para su jubilación. La situación de los abogados y procuradores mutualistas pone de manifiesto la importancia de una planificación financiera adecuada y transparente, así como la urgencia de garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores, independientemente del sector al que pertenezcan.
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