El Gobierno de Trump negoció con Venezuela un canje de presos políticos y estadounidenses por migrantes deportados a El Salvador

Durante la administración de Donald Trump, se reveló que el Gobierno de Estados Unidos había estado en negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para llevar a cabo un intercambio que involucraba la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses a cambio de venezolanos deportados a El Salvador. Esta información se ha filtrado recientemente, poniendo en entredicho las declaraciones anteriores del Gobierno estadounidense sobre la falta de control sobre los deportados, quienes están bajo custodia salvadoreña desde marzo.

Los más de 200 venezolanos deportados, acusados de pertenecer a la pandilla conocida como Tren de Aragua, fueron enviados a El Salvador en una operación que fue defendida por Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de la administración de que no podía actuar en este caso debido a su custodia en El Salvador, se ha hecho evidente que la situación es más compleja. Recientemente, el Gobierno salvadoreño admitió ante la ONU que Estados Unidos mantiene “jurisdicción y responsabilidad legal” sobre los deportados, desmoronando la línea de defensa que había sostenido la administración del entonces presidente.

De acuerdo con reportes del New York Times, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de liderar las negociaciones con el Gobierno venezolano para concretar un canje de prisioneros. Este acuerdo proponía que Venezuela liberara a 80 presos políticos y 11 ciudadanos estadounidenses a cambio de que Estados Unidos regresara a los venezolanos deportados, quienes se encuentran actualmente en condiciones cuestionables en una megacárcel salvadoreña.

Las conversaciones avanzaron significativamente, llegando al punto en que el régimen de Maduro estaba listando un avión para recoger a sus ciudadanos deportados. No obstante, la situación se complicó cuando surgió un conflicto interno en el Gobierno de Trump. Richard Grenell, enviado especial para Venezuela, inició negociaciones paralelas sin coordinarse con Rubio ni con el Departamento de Estado, lo que dio lugar a confusiones y dilaciones en el proceso de canje.

La falta de claridad en la representación del Gobierno de Trump dejó a los funcionarios venezolanos en un estado de incertidumbre. Esto contrasta con la afirmación de la Casa Blanca de que no existen fracciones dentro de la administración, lo que sugiere una ineficiencia en la diplomacia estadounidense hacia Venezuela. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, insistió en que el presidente tiene un único equipo de trabajo que toma decisiones de manera unificada.

Antes de que el acuerdo colapsara, Grenell había estado trabajando en un plan que permitiría a Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela a cambio del regreso de los migrantes venezolanos. Esta propuesta incluía dejar que la compañía petrolera continuara exportando petróleo a Estados Unidos, una medida que fue recibida con escepticismo dado el contexto de sanciones impuestas a Caracas.

A pesar de que este plan se vino abajo, fuentes indican que la oferta de intercambio de presos sigue vigente. La administración Trump enfrenta demandas por las deportaciones y varios tribunales federales han exigido que se permita el regreso de algunos de los deportados, lo que subraya la complicada situación legal en la que se encuentra.

Los deportados a El Salvador no solo han sido objeto de controversia por las acusaciones de pertenencia a grupos criminales, sino también por las condiciones inhumanas que enfrentan en el sistema penitenciario salvadoreño, conocido por su severidad y violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la administración salvadoreña, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ha recibido apoyo financiero de Estados Unidos a cambio de su colaboración en la deportación de inmigrantes.

Mientras tanto, el caso de Kilmar Abrego García, uno de los deportados, ha cobrado notoriedad en la opinión pública, reflejando la ineficacia de la administración Trump para gestionar no solo la política migratoria, sino también las relaciones diplomáticas con países de la región. Ante la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra los deportados, el futuro de estos hombres sigue siendo incierto, lo que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad moral y legal del Gobierno estadounidense en este asunto.

Con este trasfondo, se hace evidente que la política migratoria de Estados Unidos y sus relaciones con América Latina están intrínsecamente ligadas a decisiones complejas y contradictorias. Mientras la administración busca equilibrar sus objetivos internos y externos, el destino de cientos de migrantes se encuentra en un limbo, reflejando las tensiones y desafíos de la política internacional contemporánea.