
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Mientras la comunidad internacional se encuentra en medio de debates cruciales sobre las políticas globales de drogas en Viena, las repercusiones de los recortes de fondos por parte de Estados Unidos están generando serias preocupaciones en el ámbito de la salud pública. Expertos advierten que estas medidas podrían desencadenar una crisis sanitaria a nivel global, con un aumento en el número de sobredosis y la expansión de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH. La situación es particularmente alarmante en países de África Subsahariana y algunas naciones asiáticas, donde los programas de tratamiento y prevención están en riesgo de colapsar. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, la administración estadounidense detuvo temporalmente la asistencia exterior para revisar el gasto, paralizando así la financiación que sostenía a centenares de organizaciones no gubernamentales (ONG) en todo el mundo. Esta suspensión ha tenido un impacto devastador en el acceso a servicios críticos de salud y prevención, especialmente en regiones donde la ayuda de Estados Unidos ha sido fundamental. Según los informes, naciones como Kenia, Zambia y Nigeria ya están enfrentando el cierre de clínicas y la suspensión de programas de intercambio de jeringuillas, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis. La estrategia de 'reducción de daños', apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un enfoque basado en la evidencia diseñado para mitigar las consecuencias negativas del consumo de drogas. Este modelo incluye iniciativas como la distribución de jeringuillas esterilizadas, tratamientos de sustitución de opioides y la educación sobre consumo seguro. Sin embargo, los recortes de Estados Unidos han dejado a estos programas en una situación crítica, aumentando su dependencia del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, cuyas capacidades también están siendo desafiadas. Un reciente informe de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD) revela que la congelación de fondos ha llevado al cierre de programas vitales en regiones como África, Europa del Este y el Sudeste Asiático. Este informe destaca que, tras encuestas realizadas a organizaciones y redes de apoyo, un alarmante 77% de los encuestados reportó interrupciones significativas en sus servicios, lo que augura un aumento en el uso de jeringuillas usadas y, por ende, en la exposición a enfermedades infecciosas. La conclusión del estudio es clara: los recortes de financiamiento están teniendo consecuencias inmediatas y devastadoras para los consumidores de drogas y para los proveedores de servicios de reducción de daños. En este contexto, la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU se convierte en un escenario donde las críticas hacia el aislacionismo de algunos países, incluido Estados Unidos, son cada vez más evidentes. La directora general de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, ha señalado que muchos gobiernos están retrocediendo en sus compromisos de cooperación internacional, lo que afecta directamente la respuesta global al problema de las drogas. Waly subraya que la producción y el tráfico de drogas en una región pueden tener implicaciones devastadoras en otra. Aunque no se menciona directamente a Estados Unidos, es evidente que la reducción de su participación en foros multilaterales y el recorte de fondos para la cooperación internacional están debilitando la capacidad de la ONUDD para afrontar la creciente problemática del tráfico de drogas. La directora advirtió que la agencia enfrenta serios desafíos para llevar a cabo su trabajo de vigilancia y control, justo en un momento en que la producción de drogas alcanza niveles históricos. La reducción de fondos no solo compromete la capacidad de la ONU para incautar drogas y detectar nuevos opioides sintéticos, sino que también limita su capacidad para expandir tratamientos para personas con problemas de drogodependencia. En definitiva, la falta de inversión en programas de salud pública y prevención podría convertir una crisis ya existente en una catástrofe humanitaria, afectando a millones de personas vulnerables en todo el mundo. Los debates en Viena son más que una mera reunión diplomática; son una oportunidad para que la comunidad internacional replantee su enfoque hacia las políticas de drogas y la inversión en salud pública. La falta de acción y el retorno al aislamiento no solo amenazan la efectividad de los programas existentes, sino que también configuran un futuro incierto para las estrategias de lucha contra el consumo y tráfico de drogas. La historia nos ha enseñado que la colaboración y el compromiso son esenciales para enfrentar problemas globales de esta magnitud, y es momento de que los países reconozcan la necesidad de un enfoque conjunto y sostenible.