Comisión de Constitución aprueba reforma electoral para simplificar votación 2026

La Comisión de Constitución del Congreso ha dado un paso significativo hacia la modernización del proceso electoral en el país al aprobar un dictamen que establece que la cédula de votación para las elecciones generales del 2026 constará de una única hoja. Este cambio, que busca simplificar el proceso electoral, fue aprobado con el apoyo de 18 votos a favor, mientras que 4 miembros votaron en contra y 3 se abstuvieron. Con el objetivo de garantizar un sufragio más ágil y efectivo, la nueva cédula de votación no solo estará compuesta por una sola hoja, sino que también deberá incluir información clara y concisa. Específicamente, se estipula que la cédula para la elección del presidente de la república y sus vicepresidentes presentará el nombre de la organización política, el símbolo que la representa y la fotografía del candidato. Esta medida busca facilitar la identificación de los postulantes y mejorar la experiencia del votante en las urnas. El dictamen también introduce modificaciones en varios criterios y plazos para el proceso electoral. Por ejemplo, la calificación de las candidaturas en las elecciones primarias estará a cargo de los órganos estatutarios de cada partido, mientras que la calificación integral de las candidaturas se delegará a los Jurados Electorales Especiales. Esta división de responsabilidades pretende aumentar la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Otro aspecto relevante es la regulación de la designación de candidaturas tras las elecciones primarias, que deberá realizarse hasta la fecha máxima establecida por la ley. Este cambio busca asegurar que la selección de representantes se realice de manera oportuna y acorde con las normativas vigentes. Además, se determinó que la elección de los delegados para las candidaturas se llevará a cabo el mismo día de las elecciones primarias, lo que podría agilizar el proceso de selección. El dictamen también establece normas para la inscripción de alianzas electorales, permitiendo su registro hasta 120 días antes de las elecciones primarias, fijadas para el 2 de agosto de 2025. Esta medida pretende brindar a los partidos políticos el tiempo necesario para organizarse y establecer alianzas estratégicas que fortalezcan su participación electoral. Por otro lado, se ha decidido que la conformación de las mesas de sufragio en el exterior requerirá un mínimo de 350 ciudadanos habilitados para votar y un máximo de 500. Si el número de ciudadanos habilitados es menor al mínimo establecido, la mesa se conformará con los ciudadanos disponibles, asegurando así la posibilidad de ejercer el derecho al voto incluso en situaciones de escasez de votantes. Durante el debate, la Comisión de Constitución también rechazó una propuesta para que la elección de senadores y representantes ante el Parlamentario Andino se realice mediante listas únicas y cerradas, lo que significaba la eliminación del voto preferencial. Esta decisión refleja una preocupación por mantener la opción de que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes. Las reformas aprobadas por la Comisión de Constitución marcan un avance hacia un sistema electoral más accesible y comprensible para los votantes. Sin embargo, el rechazo a la propuesta de listas únicas puede ser interpretado como una defensa del voto preferencial, que permite a los ciudadanos tener mayor control sobre sus elecciones y la posibilidad de elegir a candidatos específicos. Estas medidas, aunque bien recibidas por ciertos sectores, también generan un debate sobre la efectividad de las reformas en un panorama electoral caracterizado por la proliferación de partidos políticos y la complejidad de las alianzas. A medida que se acercan las elecciones, será fundamental observar cómo estas modificaciones impactarán el comportamiento de los votantes y la dinámica política en el país. Finalmente, la aprobación de este dictamen marca un hito en la preparación hacia las elecciones generales de 2026, y se espera que estas reformas contribuyan a la creación de un ambiente electoral más transparente y eficiente, en el que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera más informada y sencilla. La implementación efectiva de estas medidas será crucial para generar confianza en el sistema electoral y fomentar la participación ciudadana.