Crisis de libertad de prensa en Perú: críticas a la gestión de Dina Boluarte

En un contexto marcado por tensiones entre el gobierno y el periodismo, la presidenta Dina Boluarte enfrenta críticas por su falta de diálogo con los medios de comunicación. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), subrayó la necesidad imperiosa de que el gobierno muestre mayor apertura y modere su retórica confrontativa. Jornet se encuentra en Perú con una delegación de la SIP, que busca recoger testimonios sobre la situación de la libertad de expresión en el país, un tema que ha cobrado relevancia en medio de acusaciones de la mandataria hacia la prensa, señalando una supuesta confabulación para perpetrar un "golpe de Estado blando". Este clima de hostilidad hacia los medios ha generado preocupación entre los periodistas y defensores de la libertad de expresión. Jornet destaca que la función de la prensa no es ser un mero cómplice del poder, sino un ente crítico y vigilante que debe investigar y exigir rendición de cuentas a los gobernantes. El hecho de que la presidenta no reconozca esta dinámica es alarmante; su retórica ha contribuido a un deterioro significativo de la relación entre el Estado y los medios, algo que se refleja en el descenso del Perú en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. La falta de diálogo y el uso de términos como "terrorismo de imagen" para referirse a la prensa y las noticias falsas son señales de un escalamiento en el discurso del Ejecutivo que podría tener repercusiones graves. Jornet enfatiza que es responsabilidad del gobierno aceptar la crítica y no ver a la prensa como un adversario, pues esa visión puede llevar a un ambiente propicio para la autocracia y la represión. Las estadísticas son igualmente preocupantes. En 2024, se reportaron 392 ataques contra periodistas, un incremento alarmante que indica una tendencia de violencia contra la prensa en el país. Desde el año 2022, el Perú ha visto un aumento constante en el número de agresiones, lo que plantea serias preguntas sobre la seguridad de los periodistas y su capacidad para informar libremente. Jornet señala que este contexto de inestabilidad política ha llevado a que muchos legisladores busquen restringir aún más la libertad de expresión a través de propuestas de ley que, en su mayoría, son catalogadas como "leyes mordaza". El papel del Congreso es otro aspecto crítico que preocupa a la SIP. A pesar de que la responsabilidad del Ejecutivo en el deterioro de la libertad de expresión es evidente, Jornet menciona que el Legislativo ha sido un terreno fértil para la presentación de iniciativas que amenazan la labor periodística. Las voces que defienden la libertad de prensa son escasas, y muchos legisladores parecen más interesados en proteger sus propios intereses que en garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada. La omisión de la presidenta Boluarte de firmar la Declaración de Chapultepec, un compromiso internacional con la libertad de prensa, también es un indicador de su postura hacia los medios. Jornet resalta que la falta de respuesta a las solicitudes de diálogo con la SIP muestra un desinterés por parte del gobierno en abordar la problemática de la libertad de expresión. La presidenta ha estado en el poder por poco más de dos años, y su administración presenta una oportunidad crítica para demostrar un verdadero compromiso con los derechos fundamentales. A medida que la SIP intensifica su visita a Perú, su objetivo es dialogar con todos los actores involucrados en la libertad de prensa, incluidos medios de comunicación, académicos y representantes de diferentes sectores. La delegación busca reunir información directa sobre las condiciones en las que operan los periodistas, así como las presiones a las que se enfrentan, tanto de parte del gobierno como de grupos organizados que atentan contra su seguridad. Las afirmaciones de Jornet sobre la violencia creciente contra los periodistas en Perú encuentran eco en la realidad de otros países latinoamericanos, como México y Ecuador, donde el crimen organizado y la corrupción han puesto en jaque la libertad de expresión. La SIP advierte sobre el riesgo de que Perú siga un camino similar si no se implementan medidas efectivas para proteger a los periodistas y garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo. La situación es crítica y la falta de un contrapeso mediático en los medios públicos agrava el problema. La reciente eliminación del Consejo Directivo del IRTP, donde se colocó a una persona cercana a la presidenta, ha llevado a la percepción de que estos medios operan bajo la influencia del gobierno, distorsionando su función de proporcionar información imparcial y plural. Al final, el desafío es claro: la administración de Boluarte y las instituciones del Estado deben reconocer la importancia de la libertad de prensa no solo como un pilar de la democracia, sino como garantía de un gobierno transparente y responsable. Un diálogo abierto y sincero con los medios puede ser el primer paso hacia la restauración de la confianza y el respeto por la labor periodística en el país. Sin embargo, hasta ahora, las señales del gobierno han sido de resistencia y confrontación, lo que deja a muchos en el país en un estado de creciente preocupación sobre el futuro de la libertad de expresión en Perú.