Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Salud 12.03.2025
La situación de un joven paraguayo, quien contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a través de transfusiones de sangre en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), ha suscitado una ola de indignación social. Este caso, que se remonta a 2011, pone de relieve las falencias en el sistema de salud pública del país y ha llevado a los padres del afectado a tomar una drástica medida: encadenarse frente al Ministerio de Salud Pública para exigir una compensación económica que alivie sus penurias.
El joven, que en el momento de su contagio era solo un niño, acudía al Incan para recibir tratamiento por un tumor. Lo que debía ser una atención médica salvadora se transformó en una pesadilla que lo ha acompañado durante más de una década. La familia, que ha visto deteriorarse su situación económica debido a los gastos médicos y la falta de apoyo estatal, ha tomado la decisión de alzar la voz por justicia, buscando no solo una indemnización, sino también visibilizar la negligencia que, según ellos, ha marcado su historia.
Rolando Villar, abogado de la familia, enfatizó la gravedad de la situación al comentar que ya se ha iniciado un proceso civil contra los funcionarios del Incan y del Banco de Sangre del Ministerio de Salud. A pesar de estas acciones legales, la urgencia de recibir ayuda monetaria por parte del Estado se vuelve cada vez más apremiante. "La salud de mi hijo ha repercutido de manera significativa en nuestra economía familiar, y actualmente dependemos de la buena voluntad de la gente", lamentó la madre del joven, visiblemente afectada por la situación.
Villar no solo destaca la urgencia económica, sino que también subraya la responsabilidad del sistema de salud. "La situación del joven fue a causa del sistema, y el sistema debe responder", afirmó, lo que resuena con el reclamo de muchos ciudadanos que sienten que sus derechos a la salud y a una atención médica adecuada no están siendo respetados. Este caso, que revela la vulnerabilidad de los pacientes en el sistema de salud pública, ha puesto en tela de juicio las medidas de seguridad que deberían implementarse para garantizar la calidad y la seguridad de los tratamientos.
La indignación de la familia y sus acciones de protesta frente al Ministerio de Salud han generado una respuesta mediática que ha comenzado a captar la atención tanto de la población como de las autoridades. En un país donde las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, aún son estigmatizadas, la historia de este joven se convierte en un llamado de atención sobre la importancia de la prevención, la educación y la responsabilidad del estado en la protección de sus ciudadanos.
El caso no solo expone la realidad de quienes viven con VIH, sino que también arroja luz sobre la necesidad de contar con un sistema de salud más robusto y con protocolos estrictos para la administración de transfusiones de sangre. Muchos ciudadanos se han sumado a la causa, manifestando su apoyo a la familia del joven y exigiendo un cambio en la política de salud pública.
La presión para que el Gobierno reaccione y ofrezca soluciones efectivas se intensifica, y los padres del joven no están dispuestos a ceder. "No estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo lo que nos corresponde", declaró el padre del afectado, quien también recordó que su hijo no solo enfrenta un diagnóstico médico complicado, sino que debe lidiar con el estigma social que acompaña a esta enfermedad.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y la familia continúa esperando una respuesta que parece cada vez más distante. La situación plantea interrogantes serios sobre la confianza que los ciudadanos pueden depositar en el sistema de salud y la responsabilidad que este tiene en garantizar el bienestar de todos sus pacientes.
La historia del joven infectado con VIH en el Incan es, sin duda, un reflejo de muchos otros casos en el país y un llamado a la acción para que las autoridades tomen medidas urgentes. La salud de los paraguayos no puede estar sujeta a la improvisación ni a la desidia; es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y garantice la protección de sus ciudadanos.
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