Cierre de coordinaciones de salud genera alarma por aumento de tuberculosis y hepatitis

En un momento crítico para la salud pública en Argentina, la decisión del ministro de salud, Mario Lugones, de cerrar las coordinaciones que gestionan las políticas públicas para tuberculosis y hepatitis ha generado alarma entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. Esta medida se produce en un contexto donde los diagnósticos de tuberculosis están en aumento y la hepatitis viral sigue siendo una de las infecciones transmisibles más prevalentes en el país. La eliminación de estas coordinaciones no solo plantea riesgos para la salud de miles de personas, sino que también sugiere un retroceso en las políticas de prevención y tratamiento. José María Di Bello, psicólogo y miembro de la Fundación GEP, ha expresado su preocupación por las consecuencias de esta decisión. Desde el año pasado, se han denunciado múltiples problemáticas en el sistema de salud, incluidas las demoras en la adquisición de tratamientos y reactivos para diagnósticos. Este 2023, el gobierno presentó un proyecto de ley que recorta un 76% el presupuesto destinado a la prevención y tratamiento de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, lo que intensifica la crisis. El presupuesto no solo se ha reducido, sino que también se han recortado las metas de atención. En 2023, se esperaba atender a 13 mil personas con tuberculosis, una cifra insuficiente dado el promedio de diagnósticos anuales de entre 11 mil y 12 mil. Para 2024, las metas deberían haber aumentado, sin embargo, se prevé una disminución de casi el 20% en la compra de tratamientos. Este enfoque revela una clara intención de desmantelar las políticas públicas relacionadas con estas enfermedades. La situación es igualmente alarmante en el caso de la hepatitis. A pesar de un aumento en los casos, se ha decidido reducir la meta de atención, lo que refleja una falta de compromiso con la salud de la población. Históricamente, las hepatitis han sido objeto de un gran subregistro; se estima que solo el 30% de las personas con hepatitis B o C conocen su diagnóstico. Este desconocimiento se ve exacerbado por la ausencia de campañas de prevención y concientización. Las coordinaciones que han sido eliminadas son fundamentales para planificar las acciones y políticas públicas necesarias. Sin ellas, se ha hecho casi imposible implementar campañas de prevención y proporcionar tratamientos adecuados a quienes más lo necesitan. La ley de respuesta integral al VIH, tuberculosis y hepatitis establece la obligación de realizar campañas masivas anualmente, pero este año no se ha llevado a cabo ninguna. En el ámbito de la tuberculosis, la situación es aún más crítica. La enfermedad presenta formas complicadas y resistentes que requieren tratamientos especiales y costosos. La falta de personal capacitado para autorizar estos tratamientos ha dejado a decenas de personas en espera, poniendo en riesgo no solo su salud, sino también la salud pública en general, al aumentar las posibilidades de transmisión de cepas resistentes. Además, el impacto de la tuberculosis en la vida cotidiana de los pacientes es devastador. Muchas personas diagnosticadas deben interrumpir sus actividades laborales por razones de salud y prevención, lo que agrava su situación económica, especialmente en contextos de pobreza y hacinamiento. Esta realidad subraya la necesidad de un enfoque integral que no solo contemple el tratamiento médico, sino también el apoyo social y comunitario. El gobierno ha intentado delegar la responsabilidad de la atención a las provincias, una medida que podría resultar en desigualdades significativas. Las provincias no cuentan con la misma capacidad presupuestaria que el Estado nacional, lo que podría llevar a un aumento en los costos de tratamiento y a una reducción en la calidad de atención. Descentralizar la compra de medicamentos y tratamientos no solo sería ineficaz, sino que podría violar la ley que establece la responsabilidad del Estado nacional en la provisión de atención para estas patologías. La creación de una Comisión Nacional interministerial, que debería reunirse regularmente para abordar estas problemáticas, ha sido insuficiente, ya que solo se ha convocado una vez en el último año. Esta falta de coordinación y compromiso por parte del gobierno indica un intento deliberado de desmantelar la respuesta a la salud pública en el país. En conclusión, la eliminación de las coordinaciones de tuberculosis y hepatitis no es solo un recorte administrativo; es una medida que podría tener consecuencias devastadoras para la salud de millones de argentinos. Sin tratamientos y prevención adecuados, el riesgo de propagación de estas enfermedades aumenta, lo que pone en peligro a las poblaciones más vulnerables. La dirección que está tomando el gobierno sugiere un futuro sombrío para la salud pública en el país, donde solo aquellos con acceso a recursos privados podrán recibir la atención que necesitan.