Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En los últimos días, se ha desatado una tormenta en torno a un encuentro aparentemente inocuo entre la jueza del Tribunal de Distrito Emma Aitken y el líder de Nueva Zelanda Primero, Winston Peters, en el Northern Club de Auckland. El discurso que rodea este evento ha derivado en una controversia que plantea preguntas sobre la expresión política entre los jueces y la naturaleza del discurso público en Nueva Zelanda. Emma Aitken es una figura muy respetada dentro del poder judicial, conocida por su trabajo en el Tribunal de Alcohol y Drogas, que ha recibido elogios por ayudar de manera efectiva a personas que luchan contra la adicción. Su pareja, el Dr. David Galler, un estimado especialista en cuidados intensivos, compartía el mismo lugar que Aitken cuando ella supuestamente cuestionó la veracidad de las declaraciones de Peters sobre las políticas de Nueva Zelanda Primero, particularmente aquellas que promueven el tabaquismo. Es comprensible que un médico del calibre de Galler pueda tener problemas con decisiones políticas que afectan negativamente la salud pública. Sin embargo, las reacciones a los comentarios de Aitken han sido desproporcionadas. Los críticos, particularmente de la derecha, han recurrido a las redes sociales y foros públicos para condenar sus comentarios como una violación del código de conducta judicial. Winston Peters incluso ha amenazado con acciones legales contra Aitken, mientras que Judith Collins expresó su indignación, calificando la situación de "deplorable" y que necesita atención seria. David Farrar, una figura notable en círculos conservadores, ha llegado a exigir la renuncia de Aitken, argumentando que los jueces deberían mantener la neutralidad política incluso en entornos privados. Si bien es esencial mantener la integridad del poder judicial, la expectativa de que los jueces, que también son miembros de la sociedad con opiniones personales, deberían evitar por completo las opiniones políticas es poco realista. El Northern Club, conocido por su exclusividad, se percibe a menudo como un refugio para el discurso político y social entre los influyentes. La idea de que los comentarios de Aitken deberían permanecer dentro de esos muros, o que deberían ser escrutados de la manera en que lo han sido, parece excesiva. La reacción en contra de Aitken sugiere una narrativa de guerra cultural más amplia, enfrentando a los llamados "jueces activistas" contra un establecimiento político que es cada vez más cauteloso con la disidencia y la crítica. Esta atmósfera fomenta un clima en el que expresar opiniones críticas sobre las políticas gubernamentales—especialmente aquellas que contravienen la salud pública—se convierte en un tema controvertido. Judith Collins, en su denuncia de Aitken, haría bien en reflexionar sobre su propia historia política, que incluye afiliaciones y acciones controvertidas que han levantado cejas sobre su juicio y ética. Su pasado, marcado por conductas cuestionables como ministra, socava la posición de superioridad moral desde la cual ha lanzado su crítica a la jueza. La realidad es que muchos jueces, como Aitken, tienen convicciones personales fuertes moldeadas por sus amplias carreras en la búsqueda de la justicia. La expectativa de que deberían suprimir sus puntos de vista, especialmente cuando se enfrentan a políticas que amenazan el bienestar del público, es un agravio a los mismos principios de democracia y libertad de expresión. En última instancia, el alboroto en torno a los comentarios de la jueza Aitken parece menos una violación de la conducta judicial y más un intento de movilizar apoyo político contra el elitismo liberal percibido. En un clima donde las figuras políticas están bajo escrutinio por sus decisiones y políticas, es vital asegurar que todas las voces—especialmente las de profesionales experimentados como la jueza Aitken—sean escuchadas sin la amenaza de represalias. Al hacerlo, podríamos fomentar un discurso político más saludable que priorice el bienestar de la comunidad sobre los egos de sus líderes.